Este martes, 11 de enero, se conoció la investigación de Blu Radio, en la que se revela cómo la esposa de uno de los asesores de Presidencia ha ejecutado contratos con el estado por más de 1000 millones de pesos.
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Se trata de Andrés Mauricio Mayorquín, quien después de trabajar como profesor por cinco años, ser contratista y miembro de UTL en el Congreso, el abogado bogotano se convirtió en asesor en Consejería para Asuntos Políticos.
Sin embargo, en septiembre del 2021 el Gobierno eliminó esa y otras dos consejerías, por lo que Mayorquín ganó poder y pasó a ser los ojos y los oídos de María Paula Correa en el Congreso, en donde tiene como labor hacer seguimiento del proceso legislativo, del comportamiento de los congresistas y del curso de los proyectos que son de interés para el Gobierno.
Según la emisora, esta es una labor que desempeña con total idoneidad, ya que tiene la preparación académica y su trayectoria le permite conocer los secretos y los pasillos del Congreso.
El asunto que llama la atención, es que Mayorquín está casado con Karen Liseth Vaquiro, una economista caqueteña, quien desde enero del 2020, solo tres meses después de que su esposo llegara a la Presidencia, se convirtió en contratista del Estado, de más de 15 entidades.
La experiencia que demostró Vaquiro es haber sido durante 20 meses gerente de oficina en el Banco de Bogotá, en donde ganaba 3.600.000 pesos; y siete meses en Link Consultores SAS, una empresa en la que ella y su esposo son fundadores y representantes legales.
Es entonces donde se inicia las preguntas y dudas sobre cómo una joven economista, en tan corto tiempo, logró firmar desde enero de 2020, 24 contratos con el Estado, de los cuales 22 han sido por contratación directa y dos por Contratación de Régimen Especial. En total los contratos suman 1,245 millones de pesos, por lo que en promedio pasó a ganar 65 millones mensuales.
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La emisora indicó que al revisar el objeto de varios de los contratos evidenció que el objeto de varios de sus contratos tienen relación con el congreso, en donde su esposo, el asesor Mayorquín, se mueve en representación del Gobierno.
Entre los principales hallazgos está que hay un evidente conflicto de interés entre los trabajos de la pareja que jamás se registró. Además, en un contrato firmado en enero del 2021 con el DPS una de sus obligaciones es: “Apoyar a la Dirección General en el análisis de información y datos estratégicos en el marco de las solicitudes de información que realice el Congreso de la República”; y otra obligación dentro del mismo contrato: “Apoyar a la DIRECCIÓN GENERAL en el seguimiento de los proyectos de Ley que cursan en el Congreso de la República, relacionados con el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, así como de sus entidades adscritas, de acuerdo con la asignación que efectúe el supervisor del contrato”. Claramente información que obtenía por la función de su esposo en el Congreso.
Conozca la investigación completa, aquí.
