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Fuerza Pública es responsable de muerte de 28 personas en protestas de 2021: ONU

El documento explica las observaciones al actuar de las autoridades en las manifestaciones

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia señaló que la fuerza pública sería responsable de 28 personas, durante las protestas ocurridas en 2021.

El organismo expuso un documento que aborda la situación de derechos humanos durante las protestas que se presentaron este año en el Paro Nacional, que tuvo inicio en el 2021.

Los casos verificados de muertes son 46, según expuso la ONU. Y de este total, en 28 casos la fuerza pública habría tenido la responsabilidad.

“En al menos 10 de estos casos podrían estar vinculados miembros del ESMAD. En dos de los 28 casos, el presunto perpetrador habría sido un funcionario del CTI actuando por fuera de sus funciones. De los 17 casos restantes verificados, en 10 casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”, reza el documento.

Fuerza Pública es responsable de muerte de 28 personas en protestas de 2021: ONU

La oficina de derechos humanos de la organización internacional también comentó que se evidenció el uso de armas letales en contra de personas ajenas a las manifestaciones.

El informe documentó, específicamente, que la ONU “documentó casos de uso de armas letales por parte de la policía contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas. El análisis de videos realizado por la Oficina confirmó, por ejemplo, que el 3 de mayo policías patrullaron en Siloé (Cali) armados con fusiles y habrían apuntado a manifestantes. Otros casos se detallan en la sección de Derecho a la Vida”.

El uso innecesario y desproporcionado de la fuerza resultó en privaciones arbitrarias de la vida, las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias y la violencia sexual.

De igual manera, la oficina comentó que encontró un conjunto de situaciones, acciones y/u omisiones del Estado, en particular de la fuerza pública, que fueron “incompatibles con el derecho de reunión pacífica y otros derechos humanos”.

La ONU también expone que hay “razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo”.

También se expuso que se encontraron dentro de las víctimas personas afrodescendientes, indígenas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

En conclusión, la oficina de la ONU, el Estado de Colombia deberá mostrar una moderación al recurrir a dispersión y el uso de la fuerza pública alineándose con los mandatos de estándares internacionales.

Por estos resultados, la oficina hizo la recomendación a todas las instituciones del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad, a que apliquen los estándares internacionales relacionados con el derecho a la protesta pacífica, para que opten por medidas para crear entornos favorables para ejercer este derecho.

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