Este viernes 21 militares y un civil que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia por actos de crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en el asesinato de hasta 247 jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate, en el caso conocido como “falsos positivos”.
Se trata de 22 de los 26 personas (todos militares menos un civil) que la JEP ha imputado hasta ahora en dos autos emitidos, entre los que se incluye el general retirado Paulino Coronado, el militar de mayor rango que reconoció su responsabilidad y presentó sus “sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes”, según transmitió a la alta corte.
Dentro de quienes aceptaron su responsabilidad está el general Paulino Coronado, quien sería el de más alto cargo, luego están once oficiales, seis suboficiales, tres soldados y un civil.
21 militares colombianos admitieron asesinato de 247 “falsos positivos”
Los implicados reconocieron el asesinato y desaparición forzada de al menos 120 personas en el Catatumbo y 127 en la Costa Caribe, que fueron presentadas como bajas en combate falsamente.
De todos los imputados, según reveló esta entidad, solo cuatro no habría reconocido su responsabilidad. Quienes habrían negado esta participación en ‘falsos positivos’ estarían los coroneles Juan Carlos Figueroa y Publio Hernán Mejía, quien ahora es precandidato presidencial; el exoficial Jose Fausto Ruiz Mahecha y su compañero Elkin Rojas.
Por otro lado, los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante 2002 y 2004 y 2004 y 2005, respectivamente, negaron su responsabilidad y serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde pueden enfrentarse a una sentencia de hasta 20 años de cárcel.
Este reconocimiento hace parte de una paso muy importante para el esclarecimiento de las responsabilidades y la aceptación de responsabilidades sobre los peores crímenes de guerra que se han dado en Colombia.
