La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro a cuatro inmuebles rurales y un establecimiento de comercio, cuyo avalúo supera los 9.000 millones de pesos.
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De acuerdo con la Fiscalía, se trata de predios que pertenecerían a los integrantes de una red delictiva señalada de explotar sexualmente con fines comerciales a menores de edad.
Dichas propiedades corresponderían a moteles y otro tipo de bienes ubicados en inmediaciones de Armenia y Montenegro (Quindío), en los que, al parecer, se ejercieron las actividades ilegales con adolescentes.
La Fiscalía añade que las personas involucradas en los hechos son Nubiola de Jesús Valencia Mejía y Andrés Cadavid Montaño Hernández, quienes vienen siendo investigados por delitos de demanda sexual con menores de 18 años de edad, proxenetismo y concierto para delinquir.
Ocupan bienes usados para la explotación sexual de menores
Los inmuebles afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
