Al concluir su visita por Colombia, el fiscal de la CPI anunció el cierre de su examen preliminar más longevo, el que estudiaba si investigar a Colombia por crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado, debido a los progresos de la JEP. Pero determinó que no es necesario seguir con el caso.
El Gobierno y la CPI firmaron este jueves un acuerdo por el que ese tribunal archivara el proceso dada la voluntad del país de “administrar genuinamente justicia”, en lo que ha sido fundamental la JEP, el tribunal ad hoc creado justamente para juzgar ese tipo de crímenes.
”Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de examen preliminar”, aseguró el fiscal general de La Haya, Karim Khan, en una declaración conjunta con el presidente Iván Duque desde la Casa Nariño.
Duque aseguró que el cierre del examen preliminar abierto en 2004 que involucra crímenes de guerra desde 2009 y de lesa humanidad desde 2002 cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares significa “una nueva etapa de colaboración”.
”No es que el cierre del examen preliminar signifique que la Corte se aleja de Colombia, todo lo contrario, hoy vamos a trabajar de manera más estrecha, pero el principio mediante el cual usted anuncia el cierre del examen preliminar es porque se reconoce el esfuerzo que se ha venido adelantando en nuestro país históricamente en estos 17 años”, resaltó el presidente a Khan.
El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, también se pronunció.
“Corte Penal Internacional determinó, en examen preliminar, que no existen motivos para investigar a Colombia sobre paramilitarismo, delitos relativos a Farc, desplazamiento forzado y ‘falsos positivos’. CPI se ocupa de países que no investigan delitos de lesa humanidad”, dijo.
El anuncio del cierre del caso en la CPI ha sido tomado con reserva e incluso oposición por organismos internacionales como Human Rights Watch y colombianos, que consideran que el alejamiento del tribunal de La Haya puede mermar la independencia de las instancias judiciales.
De esa forma, el director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, aseguró que es una decisión “prematura, equivocada y contraproducente”, que “puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia”.
