El inspector de Policía, Javier Orozco, presente en la audiencia pública desarrollada el día de hoy sobre las comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional ordenó el desalojo.
Se trata de una decisión que implica que las fuerzas policiales deben recuperar el espacio público del parque. Después de un proceso de diálogo, de exigencias por parte de los indígenas y de ofertar institucionales, se tomó la decisión.
Sin embargo, el inspector de Policía comentó que para este desalojo se deberán cumplir unas condiciones. La primera de estas es que se utilice siempre el diálogo y el consenso, y que la fuerza pública sea de menor uso. En segunda instancia, que antes se haga una medición de carencias para que la oferta institucional estén enfocada en estas.
En tercer lugar, el inspector de Policía señaló que el lugar a donde sean trasladados las comunidades indígenas cuente con condiciones dignas.
La audiencia de hoy contó con la presencia de funcionarios de gobierno, sin embargo, las comunidades indígenas no habrían llegado al espacio. Al respecto, los representantes de los pueblos originarios comentaron que no asistieron porque las personas encargadas de darles la notificación de desalojo no lo hicieron en sus lenguas.
También, las comunidades indígenas comentaron que emitirían un comunicado oficial al respecto. Los pueblos se resisten a trasladarse a un albergue ofrecido por el Distrito, ya que dicen que este no cuenta con las condiciones adecuadas para su estadía. De igual manera afirmaron que este lugar ya cuenta con condiciones de hacinamiento.
Aprueban proceso de desalojo de comunidades indígenas asentadas en Parque Nacional
La personera delegada para la protección de víctimas del conflicto armado, Patricia Villegas declaró que el hacinamiento ha sido verificado por la Personería, pues según comentó, ya hay 1.496 indígenas en el albergue del parque La Florida, que queda a las afueras de la ciudad. Sumado al hacinamiento estarían algunas dificultades con las aguas negras, la cocina en leña y las dificultades para vender sus artesanías por la lejanía del parque.
Se trata de indígenas de 13 comunidades, en su mayoría Embera Katío, quienes llegaron por cuenta del desplazamiento forzado por la violencia en sus territorios y ahora buscan ayuda del Distrito para poder acceder a condiciones básicas de vida. Las comunidades pertenecen al colectivo Autoridades Indígenas en Bakata.
Las condiciones son deplorables en este asentamiento, los cambuches están hechos con plásticos negros, carpas y colchonetas. Las lluvias de los últimos días han agudizado la crisis humanitaria que hoy viven, los niños y niñas se están enfermando y las mujeres embarazadas requieren atención médica.
Sandra Rosado, representante del pueblo wayúu de la organización Bakata, comenta que las condiciones de atención en salud han ido de mal en peor. La mujer comenta que estas comunidades necesitan “garantías de unos derechos a la vida, a la salud. Hoy por hoy hay niños de 0 a 5 años, casi 400 niños sin atención”.
Al respecto la Secretaría de Salud de la ciudad comentó que está garantizando la atención de los niños y niñas y la comunidad en general. Actualmente dos menores de edad estarían recibiendo atención médica en Unidades de Cuidados Intensivos por cuenta de una infección aguda respiratoria.
Ante el difícil panorama, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, responsabilizó a la Unidad de Víctimas por no poder garantizar el retorno pronto y seguro de los indígenas a sus territorios. Además, declaró que “es obligación del Gobierno Nacional garantizar a los colombianos que puedan vivir dónde quieren vivir. Aquí están desplazados en Bogotá, porque no fueron capaces de garantizar la seguridad en sus territorios”.
Ante esto, la Unidad de Víctimas argumentó que se encuentra realizando caracterizaciones de las comunidades indígenas, con el propósito de evaluar quiénes se quieren reubicar en Bogotá y quienes retornarán. Sin embargo, este proceso necesita de condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.
