PUBLIMETRO habló con Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, sobre el balance hasta la fecha de la mesa de diálogo con los voceros de las estructuras criminales que están en la cárcel de Itagüí, que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, cómo ha sido el efecto de esta medida que está bajo la sobrilla de la Paz Total y los retos que enfrenta.
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¿Cómo ha sido el avance en la mesa de diálogo con las estructuras organizadas en el Valle de Aburrá?
El primer balance es el acercamiento y la designación de voceros de las estructuras. Este es un proceso que se da entre el Gobierno Nacional, la delegación designada por el presidente de la República, y los voceros de las estructuras, que están privados de la libertad en la cárcel de Itagüí. Es decir, es un diálogo inédito por lo que estamos hablando con referentes de estructuras, que no están hoy en las calles delinquiendo, sino en el marco de la institucionalidad. Eso marca un hito muy importante y es reconocer que esa estrategia de objetivos de alto valor en nuestro país ha fracasado, porque efectivamente después de las capturas de esos jefes, que fueron en su momento, no se redujo la violencia y se requiere de otras acciones para poder que se reduzcan las tasas de homicidio y la violencia en la ciudad. De ese hecho partimos, porque si no estaríamos hablando con los que están delinquiendo en las calles y hoy estamos dialogando con voceros no con jefes. Entonces, el primer hito fue la instalación de la mesa de diálogo el 2 de junio de 2023 en la cárcel de Itagüí, lo cual requirió el traslado, identificación y caracterización de más o menos 12 macroestructuras del crimen organizado de alto impacto, como se define internacionalmente y se aplica en este caso. Mientras tanto avanzábamos en el marco jurídico de la posibilidad del diálogo que es la Ley de Paz Total y el debate que se dio en la Corte Constitucional. Primero nosotros necesitábamos que ellos se encontraran para que no hubieran confrontaciones y que incidieran de manera positiva en las estructuras activas para que no hubiese enfrentamientos en las calles de Medellín y en Valle de Aburrá y superáramos esas situaciones de conato de confrontación entre estructuras que se habían dado en el pasado. Por eso es que podemos decir que en todo el Valle de Aburrá no hay fronteras invisibles y eso es un primer gran logro, porque una cosa son los hitos y otra son los logros.
¿Cuáles han sido los logros más importantes de este proceso?
El primer gran logro es que pudimos constatar que no hay fronteras invisibles o confinamientos en las ciudades, que en algunas épocas han sido dolorosamente frecuentes, que incluso, nos decían algunos presidentes de Juntas de acción comunal que hacía más de 20 años no pasaban de un barrio al otro. Eso es posible hoy a través del espacio de diálogo socio-jurídico. El segundo logro es la reducción de la tasa de homicidios, desde ese momento empezamos a hacer un seguimiento constante a las tasas de homicidio y hemos logrado llegar a 10.2 homicidios por cada 100,000 habitantes en la última verificación que se hizo del año 2024. Se logra una reducción a través de un compromiso que los voceros hicieron para insistir en las estructuras, para disminuir las causas del homicidio. Además, de la reducción de las violencias generadas por estas estructuras, por las confrontaciones, de sicariato y otras modalidades. Otro de los hitos fue el 19 de diciembre, logramos firmar una serie de compromisos en diferentes vías, en relación al tema de estupefacientes, de niños, niños y adolescentes, los temas de extorsión, no solamente necesitamos que se salven vidas, sino que haya una vida digna y para esto hay que proteger el patrimonio de los ciudadanos.
¿Cuál ha sido el principal reto que han enfrentado?
El principal reto sigue siendo tener al alcalde de Medellín que desconoce el proceso de paz que está en el marco de la Constitución. Ese es el principal reto porque realmente uno esperaría que el más interesado en este tipo de proceso sean los alcaldes de los municipios. Hay que decirlo, los demás alcaldes han tenido interés, algún tipo de interés, algunos más, algunos menos, pero no hemos visto un rechazo como el que sí ha ejercido Federico Gutiérrez atacando el diálogo socio-jurídico y la posibilidad de traer paz a los barrios y comunas de Medellín. Además de eso, hemos recibido también el ataque, el negacionismo del derecho a la paz que está en nuestra Constitución, por parte del gobernador del departamento de Antioquia (Andrés Julián Rendón). Entonces, el principal reto es que por primera vez en la historia de nuestro país tenemos a un presidente de la República con los ojos puestos en las comunas, en los barrios del Valle de Aburra, en donde hemos encontrado situaciones muy críticas, en la mayoría hay una situación de hambre y no podemos aspirar a tener reducción en las violencias si no enfrentamos el hambre, la falta de empleo, la falta de oportunidad para los jóvenes.
¿Ha habido acercamientos con el alcalde? ¿Han recibido propuestas de su parte?
De nuestra parte siempre ha habido un espacio para la Alcaldía, el mismo consejero y comisionado Otti Patiño se reunió con el alcalde hace más de un año y siempre se le invita a todas las actividades del espacio de diálogo. Es él el que no ha querido asistir. Pero de parte del Gobierno Nacional siempre va haber un espacio para todas las autoridades locales y regionales en todos los procesos de paz.
¿Han recibido alguna petición por parte de los voceros?
Recibimos por parte de los voceros de las estructuras una solicitud muy importante para nosotros, que ya estábamos trabajando con la sociedad civil, y nos alegra mucho que haya, digamos, este encuentro, esta afinidad entre sus propuestas, iniciativas. Es la necesidad de casas, espacios, para la desintoxicación de los jóvenes que están en este momento afligidos por una situación de drogadicción. Ha habido otras iniciativas que se están estructurando con el Departamento Nacional de Planeación para hacer inversiones sociales y enfrentar toda la violencia estructural.
¿Cuál es el estado actual del compromiso con la extorsión y qué barrios están involucrados en este proceso?
Actualmente, 45 barrios están en el piloto de eliminación de la extorsión. La primera fase, anunciada el 19 de diciembre, incluyó 20 barrios: 17 son de Medellín y 3 de Itagüí, además de los barrios de Bello ya incluidos. Vamos avanzando en el Valle de Aburrá poco a poco.
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¿Qué sigue en la mesa de diálogo considerando delitos como el microtráfico y la instrumentalización de menores?
Tenemos un reto enorme y es la superación de la normalización del delito, se ha vuelto normal en Medellín delinquir y eso es una tarea del gobierno municipal, del departamental y del nacional, que por muchos años no han trabajado los aspectos sociales y culturales. Es decir, no solamente se necesita un proceso de paz urbana como este, no solamente se necesita inversión social en esos barrios, sino que se necesita desnaturalizar los delitos naturalizados. Lo que pasa es que al naturalizarlos es más difícil que la gente incluso quiera salir de ese flagelo, que es lo que nos está pasando con la extorsión. Algunos ciudadanos han manifestado que no van a dejar de pagar la extorsión porque les da miedo que eso represente inseguridad para ellos, para sus negocios, para sus vehículos, para las motos. Eso es un vacío de institucionalidad
¿Algo más que quiera destacar sobre este proceso?
Sí, contamos con el apoyo de la ciudadanía decidida a apostarle a la paz urbana. Ha sido impresionante como la ciudad está organizada y decidida, porque está cansada de la violencia. Hemos tenido muchísimo respaldo en los barrios, la gente ha salido a todas las audiencias, a los espacios de participación y hoy estamos estructurando propuestas muy importantes para superar esas violencias estructurales. Si bien no hemos tenido el apoyo de la Alcaldía y por el contrario ataques permanentes, la ciudadanía sí ha estado muy activa.
