Un reciente fallo judicial ha generado tensiones entre el Gobierno Nacional y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Pues, un juez ordenó el embargo de cuentas del Gobierno por más de 83.309 millones de pesos, correspondientes a deudas acumuladas con filiales de EPM en Norte de Santander. Esta deuda se refiere a subsidios de energía no pagados a los estratos 1, 2 y 3 desde 2024.
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En respuesta, el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una inspección a EPM y sus filiales. La carta enviada destaca la competencia de la superintendencia en materia de inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos, y busca esclarecer la gestión de EPM en relación con las deudas mencionadas.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión. “La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, expresó.
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Por su parte, el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la gestión del Gobierno en relación con los pagos al sector energético. Palma aseguró que un alto porcentaje de las deudas con las empresas del Grupo EPM ya ha sido cubierto, y criticó la utilización de decisiones judiciales con fines políticos.
