En las últimas horas se conoció la condena al intendente de la Policía Nacional en retiro Carlos Augusto Fernández Raigosa, adscrito a la estación de La Candelaria, centro de Medellín, que de manera paralela se dedicaba a trabajar para una red criminal de trata de personas y enviaba a jóvenes de la capital antioqueña a diferentes ciudades en Francia en donde eran explotadas laboral y sexualmente.
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La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indicó que el policía tenía como misión captar y coordinar el traslado de las jóvenes a Europa.
Policía en Medellín hacía parte de red de trata de personas que explotaba mujeres en Francia
El policía mientras prestaba servicio entre 2022 y 2023 contactaba a mujeres a las que les ofrecía la oportunidad de trabajar como modelos en Francia con un salario fijo y les prometía un empleo en el extranjero.
Como requisito para poder aplicar al trabajo de modelos, Fernández Raigosa les pedía que se grabaran en video o se tomaran fotos en ropa interior, indicando que el material era necesario para la supuesta selección laboral. El material audiovisual era enviado a los líderes internacionales de la red, quienes decidían si las jóvenes eran avaladas para viajar o no.
“La mujeres que recibían la aprobación de la estructura delictiva tomaban un vuelo en el aeropuerto de José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), rumbo a Madrid o Barcelona (España). Posteriormente, eran llevadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia)”, indicó el ente acusador.
Cuando las mujeres llegaban a su destino, se encontraban con que sus fotos y videos habían sido publicados en páginas web que ofrecían servicios sexuales.
“En territorio francés las jóvenes se percataban que los registros fílmicos y fotográficos habían sido publicados en comunidades virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda que les imponía la organización delictiva por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje”, indicó la Fiscalía.
Ante las evidencias, “el exintegrante de la Policía Nacional, mediante preacuerdo, aceptó su responsabilidad. En ese sentido, un juez penal especializado de Medellín lo condenó a siete años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas y trata de personas. Asimismo, le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, puntualizó el ente acusador.