De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación se judicializaron a 22 militares y 2 civiles que habrían participado en un entramado de corrupción a través de la cual se defraudó al Estado en más de 320 millones de pesos.
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El ente acusador indicó que: “se trata de un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos que laboran en Guaviare; además de una psicóloga y un odontólogo. Estas personas se habrían prestado para certificar la incorporación y existencia de personal que nunca hizo parte de las filas militares”.
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Más de 20 militares harían parte de una red para reportar faltos soldados
La Fiscalía asegura que los procesados habrían falsificado exámenes médicos de incorporación, procesos administrativos, asignaciones de material de guerra, alimentación, pagos de nómina, entrega de kits de aseo, y pagos de bonificaciones en efectivo para soldados que supuestamente se encontraban en zonas de combate.
“Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados, al parecer, cargaron con información espuria distintas bases de datos de la institución, para justificar los requerimientos que se hacían. También habrían usado, sin autorización, distintas huellas digitales en documentos oficiales para avalar pruebas psicotécnicas de incorporación”, aseguró el ente acusador.
Además, habrían llegado al punto de presentar denuncias ante la Justicia Penal Militar por supuestas deserciones de los soldados inexistentes. Con esto habrían generado las capturas de personas inocentes, quienes terminaron siendo procesadas por este delito.
“Los 24 investigados fueron capturados en Caucasia, Bello y Medellín (Antioquia); Chiquinquirá (Boyacá), Tierra Alta y Montería (Córdoba); Cajicá y Tolemaida (Cundinamarca); La Plata (Huila); Villavicencio (Meta); Sandoná (Nariño); Armenia (Quindío); Cimitarra y Bucaramanga, (Santander) y en Bogotá”, agregó la Fiscalía.
Ahora, los investigados deberán responder como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, constreñimiento para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, falsedad ideológica y material en documento público, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.
