La Paz Total es un concepto creado en el gobierno del presidente Gustavo Petro con el que busca que la paz sea una política de Estado, por lo que no solamente incluye grupos armados al margen de la ley sino que también están las estructuras criminales de delincuencia común y dedicadas al narcotráfico y otros delitos que afectan a los colombianos.
Luis Guillermo Pardo, presidente de C3, Centro de Consultoría de Conflicto y experto en conflicto urbano, explicó que “hay que tener en cuenta que hay una ley que es el marco regulatorio, la estrategia y las tácticas de la Paz Total que es la ley 2272, del 4 de noviembre del 2022. Esta ley es demasiado importante porque es la modificación de la antigua ley de orden público, la 418, y establece el marco regulatorio y el marco de actuación para implementar la Paz Total en Colombia, bajo dos criterios: uno, mesas de diálogo, de conversación política, con organizaciones de origen, en algún momento de izquierda, de guerrilla, confrontación del estado; y dos, diálogo y conversaciones con organizaciones multicrimen, no de origen político, sino de delincuencia común”.
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Pardo considera que “es importante reconocer que Medellín es la única ciudad de Colombia, que en años anteriores desarrolló políticas públicas para atender y superar el conflicto urbano, incluso, hay dos procesos de paz urbana, uno con las Milicias del pueblo y para el pueblo en 1994 y con las Milicias MIR-COAR en 1998. Además, existió la asesoría de Paz y Convicencia hasta el año 2000, en las que desarrollamos estrategias sociojurídicas para atender el conflicto urbano”.
Ante las críticas que aún existen en particular sobre los gestores de paz, Pardo es enfático al asegurar que: “la paz se hace con los que hacen la guerra, la paz no se hace con los que viven en paz y viven en convivencia, ni con los empresarios, ni con la sociedad civil, ni con las instituciones públicas y privadas. Creo que el expresidente Uribe fue el que inició el camino importante de utilizar antiguos sujetos de guerra o victimarios para ponerlos al servicio de la paz. Él fue el que colocó como gestor de paz a Pacho Galán, estando recluido en la cárcel de Itagüí, yo era el asesor de paz en ese momento y el expresidente Uribe impulsó esa política. También a Felipe Torres y a Karina, una comandante bastante violenta que tuvo las Farc”.
“Antioquia es fundamental para la paz o para la guerra en Colombia. En el departamento van a haber cuatro puntos donde va estar instalada la comisión de monitoreo y verificación con el acompañamiento y veeduría de la sociedad civil, la que vive en el territorio y en el microterritorio y son Medellín, Caucasia, Valdivia y Anorí”, indicó el experto.
Por su parte, Clara María González, investigadora y docente de la facultad de Derecho de la Universidad CES, explicó que es “muy importante que dentro de un proyecto como la Paz Total se haga un seguimiento y vigilancia de cómo serán cumplidos los acuerdos de la mesa de negociación. Se dice que hay vigilancia internacional del cese al fuego, donde se harán etapas de reincorporación en la desmovilización. Pero, como dijo el expresidente Juan Manuel Santos, a las rondas de negociación siempre hay que ponerles unas fecha límites en donde si no se evidencia una voluntad de seguir, pues no se continúa. Además tener unos límites en el servicio también de los compromisos y las consecuencias claras”.
Respecto de los gestores de paz aseguró que “no puede ser gestor de paz bajo un esquema de falta de responsabilidad en los hechos de un conflicto y no siempre será penal, puede ser civil o en contar los hechos y establecer la verdad. A veces con ese término de gestor de paz pareciera que se está haciendo un borrón y cuenta nueva de esos hechos que están ocurriendo o de blanquear lo que ha ocurrido. Esto internacionalmente no es admitido, porque hoy estamos en paradigma de justicia transicional en donde es necesario tanto para la Corte Penal Internacional como para otras instancias judiciales en medio del proceso de negociación del conflicto que exista verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”.
Mesa de diálogo en Medellín con estructuras criminales
Fernando Quijano, presidente de Corpades y asesor de la comisión del diálogo en el espacio sociojurídico con los voceros de las estructuras, se refirió al proceso que se adelanta en Medellín y Antioquia. “La experiencia que se está desarrollando es donde antiguos jefes o excabecillas que estuvieron vinculadas a estructuras armadas organizadas del Valle de Aburrá están participando como voceros y están intentando que se pueda adelantar un proceso de paz. Lo que hay hoy es un espacio de conversaciones sociojurídico, que está avanzando lentamente pero con firmeza y que ha servido para la reducción de homicidios”.
Quijano considera que es importante para el país porque la Paz Total también debe enfocarse en lo urbano, porque no debe ser solamente es en lo rural.
“Hay que esperar que esto pueda servir para lograr a nivel del país, en lo rural y en lo urbano, una reducción del 35% de la violencia, eso es a lo que se aspira. Nos parece una buena propuesta y consideramos que los candidatos a las alcaldías y a la Gobernación deberían apoyar abiertamente la propuesta de que se construya una Paz Total con seguridad integral, que eso podría ayudar a reducir no solamente el tema de homicidios, sino también el tema de extorsión o vacunas, el tráfico de drogas”, agregó.
Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y candidato actual, se mostró preocupado por los diálogos que se adelantan en la cárcel de Itagüí. “Nosotros queremos pedirle claridad al Gobierno Nacional de lo que está pasando dentro la cárcel de Itagüí. A todas las personas que nosotros capturamos, a todos esos cabecillas de las estructuras criminales de la denominada Oficina, a esos líderes los tienen reunidos en la cárcel de Itagüí, negociando y abrazados con el alto comisionado para la paz. Las preguntas son: ¿qué están negociando? ¿cuáles son las exigencias del gobierno nacional? En un proceso de negociación con organizaciones criminales y la otra pregunta es: ¿bajo qué marco jurídico están negociando con organizaciones criminales?”.
Además, dijo que lo que debe existir es sometimiento y no una negociación, “les dicen que van lavar el 6% de sus fortunas, de lo que consiguieron a través del homicidio, el narcotráfico, la extorsión, de todo lo que generan en la ciudad. Fácil, se les lava el 6% de lo que declaran y se quedan con el 100% de lo que no declaran. ¿Y nuestros jóvenes, la reparación a las víctimas de la ciudad?”.
Gutiérrez fue enfático al decir que si los integrantes de estas estructuras tienen voluntad de un sometimiento y de desarticular las estructuras, estará listo a recibirlos para darle una nueva posibilidad de vida.
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Cese al fuego con el ELN
Este jueves, 3 de agosto, inició al cese al fuego bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno Nacional, una apuesta por hacer una pausa en las operaciones bélicas y lograr disminuir la violencia que desatan los enfrentamientos entre los guerrilleros y las Fuerzas Armadas colombianas. Según lo acordado entre ambas partes el cese tendrá una duración de 180 días.
Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, una comisión delegada del Gobierno Nacional se reunió con dirigentes del ELN el mes pasado para establecer una serie de reglas que ambos bandos (militares y guerrillas) deberán cumplir para evitar una escalada en la violencia que podría terminar en el rompimiento del cese al fuego. En total, acordaron nueve puntos que reglamentan el papel de la iglesia, la logística en el proceso, términos de prórroga o suspensión del cese al fuego, entre otros puntos.
“Respecto al cese al fuego que empezó a regir al primer minuto del día de hoy con el Ejército de Liberación Nacional, las instrucciones para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son similares a las que ya con ceses anteriores se habían definido en cuento a que el cese no implica suspensión de las actividad propias del cumplimiento de la función de Fuerzas Militares y de Policía en la represión de los delitos. Es decir, el que exista un cese con el Ejército de Liberación Nacional, no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión, el secuestro o los homicidios. Todo en lo que la fuerza pública tiene la responsabilidad de seguir cumpliendo con su función constitucional. Se suspende y es la parte específica de las operaciones ofensivas y que están dirigidas a esta organización ilegal”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Por supuesto, este cese promete ser la oportunidad para desescalar el conflicto que pone en ‘jaque’ la vida e integridad de la población civil, que ha sufrido las consecuencias de la guerra.
