En el corazón de Sucre y los Montes de María, el bosque seco tropical se presenta como un ecosistema de vital importancia para la biodiversidad y la estabilidad climática de la región. Esta zona, declarada reserva ambiental, alberga una gran variedad de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas y en riesgo por la deforestación y el avance de actividades humanas. A pesar de su relevancia, el bosque seco tropical sigue siendo uno de los ecosistemas más amenazados del país, con una alarmante reducción de su cobertura debido a la expansión agrícola, la ganadería extensiva y la extracción indiscriminada de recursos naturales.
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En esta entrevista, conversamos con Ever Orozco, un defensor de estos territorios, quien nos habla sobre la importancia de conservar este ecosistema y las estrategias que pueden implementarse para su protección. A lo largo de los años, ha sido testigo de cómo la degradación del bosque seco ha impactado no solo el equilibrio ecológico, sino también a las comunidades locales, que dependen de sus recursos para su sustento. Según Ever, la falta de conciencia ambiental y la ausencia de acciones efectivas han llevado a una situación crítica en la que es urgente actuar para evitar la pérdida irreversible de este ecosistema.
Uno de los principales desafíos en la conservación del bosque seco tropical es la necesidad de establecer un plan de políticas públicas que garantice su protección y restauración a largo plazo. Ever destaca que es fundamental que las autoridades, las comunidades locales y las organizaciones ambientales trabajen en conjunto para diseñar estrategias de manejo sostenible, programas de reforestación y medidas que regulen el uso responsable de los recursos naturales.
¿Cuál es el estado actual de la reserva de los Montes de María y qué es lo que los amenaza y debe ser tenido en cuenta por las políticas públicas del territorio?
Esta reserva cuenta con 6.400 hectáreas distribuidas en tres municipios del departamento: Colosó, Chalán y Toluviejo. Inicialmente, el ecosistema de la reserva enfrentaba grandes amenazas debido a la tala indiscriminada, el tráfico de fauna y la extracción de piedra caliza. Sin embargo, ahora ha surgido un nuevo problema: el turismo desorganizado y sin control, lo que ha generado contaminación por residuos sólidos y la destrucción de hábitats naturales del tití cabeciblanco, una especie endémica del bosque seco tropical que solo se encuentra en esta zona.
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El problema radica en que no contamos con reglas claras para la gestión de esta reserva protegida. No tenemos un plan de manejo ambiental que defina el uso del suelo, las actividades permitidas y, sobre todo, la capacidad de carga del ecosistema, aspecto fundamental en cualquier área de conservación. Además, al no ser parte del sistema de Parques Naturales, sino una serranía forestal, su principal función es la conservación del recurso hídrico. La falta de políticas públicas en esta área ha generado graves consecuencias para la reserva.
¿Cuáles son las diferencias entre un área protegida y una reserva natural? ¿Qué se debe tener en cuenta para el turismo en los Montes de María?
En Colombia, las áreas protegidas se organizan en diferentes categorías político-administrativas. Por ejemplo, el Parque Tayrona es un Parque Nacional Natural (PNN), cuya finalidad es garantizar un ambiente sano para el ser humano y permitir su disfrute en un entorno forestal tranquilo. Sin embargo, nuestra reserva pertenece a una categoría aún más relevante: es una serranía forestal protectora.
El propósito fundamental de estas serranías es la conservación de un recurso esencial y finito dentro del ecosistema: el agua. El bosque seco tropical es un ecosistema clave para la regulación y preservación del recurso hídrico, razón por la cual esta área protegida fue declarada como tal en el departamento de Sucre en 1983.
Debido a su importancia ecológica, el turismo en esta zona debe ser cuidadosamente regulado. Este lugar no fue concebido con un enfoque turístico, ya que su principal objetivo es la protección del agua. Sin embargo, dado que ya se están desarrollando actividades de ecoturismo dentro del área, es fundamental que sean gestionadas de manera sostenible y con un control adecuado. Un turismo desorganizado podría llevar al colapso de esta reserva en menos de 10 años.
En este momento, ¿qué políticas públicas existen en este momento que regulen el turismo y protejan este territorio?
Actualmente, en el departamento de Sucre no existe una política ambiental, es decir, no hay ningún marco normativo en esta materia, como consecuencia, la serranía forestal de la región no cuenta con un plan de manejo ambiental, el cual es fundamental para la gestión de estas áreas protegidas. Este plan establecería las reglas del juego, determinando qué actividades son permitidas, cuáles no, el uso del suelo, la capacidad de carga dentro de la reserva y, algo crucial, el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos que esta ofrece. La principal necesidad es la conservación de los bosques secos tropicales, un ecosistema en peligro crítico a nivel mundial.
En este contexto, hemos presentado diversas solicitudes a entidades administrativas tanto a nivel nacional como local. Como parte de estas gestiones, hemos promovido alianzas con la Universidad de Sucre, la única universidad pública del departamento, así como con investigadores, actores locales y organizaciones comunitarias. Muchas de estas comunidades ya han iniciado procesos en ecoturismo, conservación y promoción de la gastronomía tradicional, además de ofrecer recorridos dentro de la reserva.
Es fundamental que la política pública ambiental surja desde la comunidad y el territorio, ya que son sus habitantes quienes mejor conocen las necesidades reales y los impactos diarios de la falta de regulación. Son ellos quienes padecen directamente los efectos de la contaminación, la acumulación de basura y el uso inadecuado de los recursos naturales, como el hecho de que los turistas se bañen en ojos de agua que abastecen a los pueblos cercanos.
¿Por qué es importante que la unión entre la comunidad y los entres regionales para la conservación?
Las comunidades que habitan en estos ecosistemas han desarrollado una adaptación completa a su entorno, lo que les permite conocer y monitorear de primera mano los recursos naturales. Son ellos quienes conservan la biodiversidad, miden la disponibilidad de agua en el territorio y registran la presencia de especies emblemáticas como el tití cabeciblanco, que habita en sus fincas y alrededores.
Sin embargo, a pesar de su compromiso con la conservación, la alianza entre comunidades e investigadores enfrenta limitaciones debido a la falta de herramientas políticas y normativas. Actualmente, no existe una resolución que respalde la prohibición del ingreso de vehículos automotores a la reserva, lo que hace prácticamente imposible mitigar el impacto del CO₂. Del mismo modo, la ausencia de una política ambiental clara impide establecer normas que regulen el acceso y controlen la extracción de flora y fauna para el comercio ilegal.
Dado que esta área protegida no es un parque nacional natural, sino una serranía forestal, se requiere un control mucho más riguroso sobre quiénes ingresan, con qué propósito y qué impacto generan. La falta de regulación ha permitido que el turismo no responsable provoque daños significativos en el ecosistema, afectando directamente a las comunidades locales.
La principal afectación está relacionada con el agua, un recurso vital para la vida diaria de los habitantes. Los controles implementados hasta ahora han sido gestionados principalmente por voluntariados. Como investigadores, trabajamos en el territorio ofreciendo nuestra mano de obra en actividades de educación ambiental y en la sensibilización de turistas y visitantes sobre la importancia de conservar el ecosistema. Entre las acciones realizadas, se han instalado carteles informativos en los puntos donde está prohibido bañarse, dado que las comunidades locales no cuentan con un acueducto formal y dependen directamente de estos yacimientos subterráneos para su consumo diario.
Cuando los turistas se bañan en los ojos de agua, la comunidad termina consumiendo agua contaminada con bloqueadores solares, repelentes y otros químicos. Esta situación es especialmente preocupante en el departamento de Sucre, donde la capital, Sincelejo, y los municipios aledaños como Corozal dependen del acuífero de Morroa para su abastecimiento. Ante esto, surge una pregunta: ¿con qué agua se recarga este acuífero si no se protege adecuadamente su ecosistema?
¿Qué avances y acercamientos han tenido con los organismos de control ambiental sobre las políticas públicas para el territorio?
Los últimos estudios indican que en 2024 la deforestación en los bosques de Colombia aumentó significativamente. Esta alarmante tendencia se ve reflejada en la Reserva Coraza, donde la minería ya ha llegado hasta la zona de amortiguación, la tala para monocultivos avanza hasta la cima de las montañas y la contaminación en los cuerpos de agua es crítica.
Diariamente, recolectamos entre cinco y seis bultos de basura en Coraza, con el apoyo de miembros de la comunidad. Sin embargo, el problema persiste y afecta gravemente al ecosistema. El bosque seco tropical se encuentra en peligro crítico, poniendo en riesgo la supervivencia de especies endémicas como el tití cabeciblanco, el paujil piquiazul, la pava congonera, etc. La destrucción de su hábitat significa la desaparición de estas especies, ya que no existen en ningún otro lugar del mundo.
A pesar de nuestros esfuerzos, las respuestas de las autoridades han sido nulas. Hemos presentado peticiones a Parques Nacionales, al Instituto Humboldt y a la Gobernación de Sucre, pero todas han sido redireccionadas a la entidad encargada en la zona sur, sin obtener respuesta alguna. Hemos acudido a sus oficinas en busca de soluciones, pero no hemos recibido ninguna respuesta ni acción concreta. La falta de atención y compromiso por parte de las instituciones solo agrava la crisis ambiental que enfrentamos.
