Uno de los escándalos más grandes que ha habido en el tiempo reciente en el Fútbol Profesional Colombiano fue el del partido entre Boyacá Chicó y Bucaramanga, donde el equipo santandereano se vio fuertemente afectado por malas decisiones arbitrales, quienes sancionaron un penal dudoso en el último minuto que desencadenó en el empate de los ‘Ajedrezados’ y la posterior eliminación del ‘Leopardo’, Tras el encuentro, Fabián Sambueza y Rafael Dudamel arremetieron directamente contra los jueces y la Dimayor, cosa que causó una sanción para los dos y que despertó aún más polémica e indignación.
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Ante esto, la plantilla titular del Bucaramanga hizo una protesta en su siguiente partido saliendo con cintas tapando el escudo y sobre sus bocas, haciendo referencia a que la Dimayor los quería callar, a pesar de que los errores fueron bastante obvios de parte de los árbitros. Aunque pasaron semanas después de este evento, hoy se conoció que el comité disciplinario impuso una sanción de 1′300.000 a cada uno de los once futbolistas que fueron titulares en ese encuentro ante Fortaleza, ese tipo de protesta.
Justo después del comunicado de la Dimayor, ACOLFUTPRO, que es la asociación de futbolistas profesionales en Colombia, emitió un comunicado en el que rechazan por completo el proceder de la FCF y catalogan como una violación de derechos sobre los deportistas. En el comunicado se especifica lo siguiente: “Esta es una medida violatoria del derecho fundamental a la protesta, establecida en el artículo 37 de nuestra Constitución Política, que dice ‘Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho’”.
Ante esto, se ha despertado el debate de si la Dimayor puede estar encima de la Constitución Política de Colombia al prohibir el derecho de libre expresión y protesta de los futbolistas del Bucaramanga.