La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación a los entes y dirigentes del fútbol profesional colombiano, la SIC formuló cargos contra la FCF, la Dimayor y 29 equipos que hacen parte de la Liga BetPlay.
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La investigación expone como la dirigencia del fútbol interviene y condiciona la contratación de los futbolistas, reconociendo irregularidades en los procesos de contratación que, por ley, están prohibidas y lo anterior, limita y entorpece el proceso de la competencia justa y equitativa.
Frente al contexto de la Liga Femenina, en los procesos de contratación de los equipos desde 2017, año de la creación de la Liga, existe la ‘cartelización’.
¿Qué es la cartelización y cómo afecta a la Liga Femenina?
Cuando hablamos de ‘cartelización’, se entiende que son acuerdos entre dos organizaciones para eliminar la libre competencia, o prácticas concentradas entre dos organizaciones. Por lo señalado en la investigación de la SIC, a las jugadoras de los distintos clubes de la Liga Femenina, en su mayoría menores de 20 años, se les paga el salario mínimo, $1.160.000 e incluso, según informes de Acolfutpro, algunos clubes omiten el pago del auxilio de transporte. Los clubes al parecer crearon un acuerdo de valor de los salarios y según la categoría existen unos topes. En el 97% de los casos de contratos analizados por la SIC, corresponden a las tablas salariales que como clubes y empleadores acordaron.
Acolfutpro ha entregado varios informes sobre la contratación de las jugadoras y según sus cifras, el 24% de las futbolistas que jugaron la Liga Femenina BetPlay 2023 no estaban vinculadas de forma oficial con contratos.
El tema del segundo semestre de la Liga Femenina también entra aquí, pues en la investigación se determinó que la contratación solo dura el tiempo de la Liga BetPlay Femenina, de enero hasta junio y al parecer los clubes se pusieron de acuerdo para que los contratos se limiten a este periodo de tiempo, y de nuevo, el segundo semestre se quede en veremos.
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En la investigación, denuncian que las instituciones no quieren recibir inversiones del Estado para no tener que llevar procesos de fiscalización de como se invierte el dinero otorgado. Aunque la Liga Femenina y el fútbol jugado por mujeres necesita recursos, los entes reguladores como la FCF y Dimayor se niegan a recibirlos para evitar la intervención del Estado evaluando como se usan los recursos. Con lo anterior, vale la pena recordar la respuesta de Ramón Jesurun ante la inversión que anunció Petro de 8 mil millones de pesos para la Liga Femenina tras la participación de las mujeres en el Mundial: “La liga femenina vale tres o cuatro veces eso, ese es el tema que nos ha servido de obstáculo. Desafortunadamente, los últimos años manejar una liga profesional vale una cifra de dinero muy alta”. Aunque Ramón sostiene que la Liga Femenina vale más, no existe un estudio que determine un valor concreto de lo que puede costar la Liga Femenina de dos semestres.
El último punto de la demanda son las dinámicas de trasmisión, pues dentro del contrato de Dimayor con WinSports se habla que podría trasmitirse únicamente un partido de la Liga, que podría ser remplazado incluso por uno de la Liga Masculina, lo que limita la promoción del fútbol jugado por mujeres, un proceso primordial en la labor del fortalecimiento y la labor de las futbolistas.
La SIC busca por medio de la investigación buscar condiciones justas de trabajo, contratación y promoción del fútbol femenino, para que la Dimayor y FCF garanticen los derechos de las jugadoras, el reconocimiento de ellas.
