En medio de una pandemia que azota al mundo, donde hemos visto a lo largo y ancho del planeta desórdenes en la economía, en la política pública, en las agendas gubernamentales, en la seguridad en todo su contexto, es menester reconocer la manera pertinente y asertiva con la que el gobierno de Iván Duque ha logrado hacerle frente a las crisis que llega con el Covid: logró cerrar fronteras a tiempo, decretó confinamientos obligatorios con criterios científicos concretos y tomó de experiencias de otras latitudes lo mejor para aplicarlas en el territorio colombiano. Desde luego hay situaciones que ameritan ser mencionadas y agobian al país, pero la realidad es que nos ha ido en parte bien.
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Las agendas demandan mucho compromiso y trabajo conjunto, tanto de los gobiernos locales como del gobierno nacional, para lograr enfrentar las problemáticas que agobian hoy a Colombia en medio de la crisis Covid. Una de ellas es la inseguridad, pues la percepción negativa de falta de garantías para los ciudadanos y que se sientan seguros es cada día mayor; en solo Bogotá se están presentando cerca de 60 hurtos con arma blanca, sin contar los que son con armas de fuego o de mentiras, o aquellos donde no hay de por medio violencia o aquellos que no se denuncian. En apenas una semana y media hemos conocido de hurtos con violencia que dejan estupefactos a la comunidad en general.
Las necesidades para dar plenas garantías a los ciudadanos son muchas, en primer lugar el fortalecimiento de la administración de justicia, diseñar un sistema judicial que llegue a la mas mínima causa y logre de manera tajante ejercer control social es un paradigma de nunca acabar, terminar con la congestión judicial, para enrostrar la fortaleza institucional de la justicia frente a fenómenos no solo de delincuencia del más alto vuelo y sustento, sino al hampón del día a día, dará garantías a la ciudadanía de que hay una justicia efectiva, eficiente y eficaz; pero no solo el tema se queda ahí, también la necesidad está en los fenómenos que alteran la seguridad en lo referente a la convivencia ciudadana, ¡allí, ni hablar!
Para lograr robustecer la administración de justicia como una de las ramas del poder público es imperativo y necesario grandes cantidades de inversión económica y esfuerzos de actores alrededor de la administración de justicia, inclusive abogados privados, para enfrentar una crisis que no tiene fin, la congestión judicial. Esas inversiones en capital económico y humano para combatir la inseguridad requerirán entonces grandes esfuerzos de la hacienda pública para incentivar el ahorro en el gasto público y la escisión del Estado para lograr dicho propósito. La necesidad es grande y los esfuerzos también, por ello es necesaria la participación de la ciudadanía en ese propósito.
La propuesta de promover un referendo va en esa vía: una gran reforma judicial, donde exista un solo tribunal constitucional dividido por salas, la reducción del congreso hasta en un 50% y la creación de una comisión judicial para aforados y dignidades de la fuerza pública, derogatoria inmediata del tribunal denominado “JEP” que no es mas que un motor fuera de borda para la fuga de extraditables a la impunidad, reducción del poder ejecutivo hasta en un 50%, gratuidad en los honorarios de quienes pretendan hacer parte del poder legislativo e inelegibilidad de quienes hayan sido responsables por delitos atroces o crímenes de lesa humanidad.
Corolario: La Fiscalía General de la Nación apertura diligencias preliminares a dos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por una compulsa de copias promovida por la Corte Suprema, que se surte por dejar sin efectos una decisión de su sala penal, ¿a dónde va la seguridad jurídica de los funcionarios públicos aforados, teniendo en cuenta que la Fiscalía General no es la competente para este caso?