Los recientes hechos de violencia protagonizados tanto en el sector rural como urbano, donde los protagonistas de manera reiterada son grupos delincuenciales, tanto Farc en “disidencias” como el ELN, es prueba suficiente de que son los únicos que andan armados hasta los dientes, sembrando terror, zozobra y muerte a su paso. Desde el inicio de los acuerdos de La Habana se había denunciado que Farc no entregaría armas, y que había un acuerdo desde el 2006 entre cabecillas de ambas guerrillas narcoterroristas, ello se enrostró en publicación que denominamos: “La trampa del elefante – la verdad desnuda de las Farc en La Habana”, con documentos “secretos” de La Habana del 2012, quedaba probado que no entregarían armas y que la paz era un “hipotético».
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No era un capricho de la oposición de entonces, y de quienes teníamos la firme convicción de que el supuesto acuerdo de paz con el cartel de drogas mas grande del mundo no era más que una pantomima, que derivaría en impunidad, indemnidad jurídica para extraditables, injusticia para las víctimas de las narcoguerrillas terroristas y, desde luego, un gran ejercicio de purificación de fortunas producto del narcotráfico y toda la cadena económica ilegal para darle rienda suelta a lo que hoy vemos: más coca, más narcos, más violencia, y como resultado apenas lógico, caldo de cultivo y ejemplo suficiente para el surgimiento de nuevas expresiones de violencia en el sector rural y desde luego en el urbano.
Muestra de ello es todo el caos que vivimos en septiembre por cuenta de agitadores y desde luego por la participación de los grupos urbanos del ELN, con una oleada de destrucción sin precedente alguno; desde luego frente a la falta de acatamiento y respeto a la autoridad, y la precaria disposición de instrumentos por parte de la ciudadanía para la protección de lo publico, la violencia y el caos arreciaron más aún, y como consecuencia está la descentralización de las narcoguerrilas en los sectores urbanos para operar, donde han trasladado su operación al modelo de “outsourcing”, o subcontratación y delegación para operar en los cascos urbanos a través de pequeñas bandas delincuenciales, algunas nutridas por extranjeros.
Las consecuencias de haberle dado impunidad y parte del Estado a la principal banda de narcotraficantes del mundo, como prerrogativa de una supuesta paz, no solo fue el negocio más “chimbo” del Estado colombiano, sino una vergüenza sin precedente alguno, pues es inexplicable que luego de un proceso de paz existan tantos homicidios en zonas de control y disputa territorial de los grupos en impunidad, y menos aún el aumento desbordado de toneladas de cocaína incautada en el Mar Caribe y en diferentes puertos y aeropuertos internacionales, y la consecuencia mas palpable a la mano es la inseguridad que se está atravesando en todas las ciudades del país, especialmente en las principales capitales.
Es que quedó también probado que los únicos que andan armados son los delincuentes, los de alto vuelo debidamente organizados, y los de menor pelaje que andan atracando en el transporte público dejando muertos a su paso, por ello hago un llamado a apoyar el Proyecto de Ley 066 de 2020 de Cámara, del cual es ponente el joven representante por Bogotá Juan Carlos Wills, el cual deroga la prohibición al porte de armas, prohibición de creación del senador Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá. El proyecto de ley no solo reglamenta el porte y tenencia, sino que brinda la prerrogativa de quien pueda adquirir un arma amparada pueda a futuro repeler una agresión injusta contra sí o contra un tercero.