El pavoroso y lamentable desastre más reciente de Mocoa, en el departamento del Putumayo, deja varios paradigmas en primer orden sobre las medidas y responsabilidades de los ejecutores de políticas públicas en todos los entes territoriales, como también la responsabilidad concomitante de sus socios políticos. La tragedia que embarga a Mocoa era totalmente previsible, mitigable e incluso se pudo evitar si quienes están a cargo de esos entes territoriales hubiesen tomado las medidas adecuadas desde que se prendieron las alarmas; Mocoa merece toda la solidaridad de Colombia y la atención no solo de los ciudadanos, sino sobre todo de los organismos de control hoy mas que nunca.
La catástrofe ambiental, que dejó más de 300 muertos, cientos de desaparecidos y varios niños sin techo, sí era mitigable en razón de las más recientes alertas tempranas que organismos probos para lo propio hicieron especialmente al ente territorial, es lamentable que ni la Alcaldía de Mocoa ni la Gobernación del Putumayo tomaron las medidas necesarias y medianamente diligentes para evitar esas muertes, esas familias sin techo y toda una ciudad sin agua potable; no solo es lamentable y triste, sino también es una bitácora que ayudará, sin lugar a dudas, a encender la precariedad de coherencia y acierto a la hora de elegir mandatarios locales, pero la responsabilidad no basta solo endilgársela a ellos, ahora más que nunca corresponde trasladarla a los socios que tienen en el Congreso.
La trágica noche del 31 de marzo de 2017 no solo pasará a la historia por dejar destrucción y desolación en Mocoa, también pasará a la historia como el inicio de una desastrosa bruma en cuanto a libertades públicas, derechos civiles, pluralismo, democracia, libertad de prensa y, sobre todo, coherencia en los discursos; mientras los lugareños de Mocoa eran embestidos por la furia del agua, muchos luchando por sobrevivir por la fuerza de la naturaleza, la cual dejó a su paso cientos de locales comerciales destruidos, vehículos hechos trizas, muertes, desaparición, infecciones, falta de agua y hambre, muchos también en las principales ciudades de Colombia se alistaban para sostener una “batalla” democrática.
Así fue como millones de colombianos, el 1 de abril, salieron a marchar en contra del régimen, las mayorías pidiendo la renuncia del presidente de la República, en razón de la inocultable crisis económica que vive el país, la cual se refleja en la caída del consumo de los hogares colombianos, la corrupción rampante que pulula en la administración pública y la más grave arbitrariedad de desconocer el resultado del plebiscito, incorporando vía fast-track los acuerdos en la Constitución política de Colombia, todo para congraciarse con los cabecillas de las Farc, es decir con no más de 60 personas. Lamentablemente la dicha de unos es la desgracia de otros, y lo menciono por el papel de “paraguas” que desempeñó Mocoa para el presidente Santos.
Cuando muchas voces denunciaron lo que sería Venezuela hace algunos años, no hicieron caso; cuando se denunció la estrategia de escasez para generar caos y control social vía represión, muchos miraron para otro lado; hoy una batalla más viene, resistir con verticalidad y vehemencia a las presiones de la Casa de Nariño para los directores de medios de comunicación, con el fin de nutrir los contenidos como bien le parezca a Palacio, ya entendemos el porqué al señor magistrado Correa, secretario de la JEP, lo “malinterpretaron” algunos medios indicando cosas que no corresponden a la realidad, ese mismo magistrado que se reunió a hurtadillas con Claudia López, senadora, socia y jefe política de la gobernadora de Putumayo.
