Cuando era el máximo objetivo y posición en el sector público, hace bastantes años, incluso por encima de la Presidencia de la República; cuando era requisito desde luego gozar de grandes calidades profesionales, académicas y sin duda alguna gran solvencia ética… Para entonces eso era lo que representaba llegar a una alta corte. Muchos soñaban ser presidentes de la Corte Suprema de Justicia mas que ser presidentes de la patria, de igual forma en el consciente colectivo existía un gran afecto por la justicia, credibilidad, respeto y sin duda alguna -sumado a lo anterior- un sentimiento enorme de confianza; lamentablemente cada día, en virtud de los desenfrenos del poder y los caprichos diáfanos, los índices de desconfianza en la justicia crecen.
Uno de los principios indiscutibles y necesarios de toda democracia constitucional moderna es la supremacía de la institución de la justicia, la cual es necesaria para que cualquier sociedad viva en paz lejos de la barbarie; lamentablemente muchos colombianos que han acudido a la justicia sienten o han percibido la inoperancia de esta institución, en razón de múltiples casos en los que la justicia no llega o sencillamente en donde los fallos toman muchos años para fallarse, algunos lejos de raciocinios jurídicos y argumentos legales, en donde más vale la trampa y la triquiñuela antijurídica, el amiguismo, los intereses políticos, o sencillamente el animo de agradar a alguien con miras a buscar mejores posiciones en el futuro.
Las sociedades que han entendido la necesidad de salir adelante y hacer que sus democracias constitucionales funcionen, lo han logrado construyendo o transformando la institución de la justicia como el máximo ejemplo y cúspide de la sociedad, no solo como instrumento de control social y velar por lo bienes superiores de la comunidad, sino como símbolos y baluartes concentrados que permitan denotar transparencia, publicidad, honestidad, y altura para lograr sociedades que tengan la menos desigualdad posible, y la resolución de conflictos o administración de justicia con altos parámetros de celeridad, justicia, equidad, y sobre todo honorabilidad.
Existen varias razones para pensar en hacer una reforma sustancial de fondo en la estructura de la rama del poder público judicial, en razón de esa alta desconfianza que siente la ciudadanía de la justicia. La interesante propuesta del senador y expresidente Álvaro Uribe de una súper corte traería varios alivios para la institución primaria de la paz, es decir la justicia; una gran y única corte con salas especializadas no solo ahorraría varios años de decisión en miles de casos atiborrados, también ahorraría miles de millones en burocracia judicial que muchas veces y en muchos casos resulta excesivamente costosa e innecesaria.
La necesidad de una gran corte, donde los magistrados sean vitalicios y con mínimo de edad de 45 ó 50 años, conocidos y reputados, erradicaría de tajo intereses politiqueros y mezquinos de cualquier decisión judicial. La necesidad de lograr un cambio a la justicia es asunto de urgencia, esta reforma podría ser aprobada por la ciudadanía vía referendo, el cual podría llamarse desde ya “referendo por la justicia”, esto en el evento que llegara en el 2018 un gobierno ajeno a todo lo que estamos viviendo. Por cuenta de los acuerdos de La Habana la Corte Suprema de Justicia dejará de ser tan suprema, como también la victoria del No en el plebiscito fue burlada; razones hay de sobra para la reforma como también para marchar el 1 de abril contra la corrupción y la impunidad.
