El martes pasado el país conoció un fallo histórico sin precedente alguno del Consejo de Estado, órgano de cierre judicial, el cual, de manera “celera”, declaró nula la elección de Alejandro Ordóñez como cabeza del Ministerio Público, cerca de tres años llevaba el proceso como resultado luego de acumular 19 demandas, todas ellas promovidas extrañamente por fundaciones, las cuales probablemente son auspiciadas financieramente por la Fundación Ford. Casualmente, hace una semana anunció que tendría sede en Bogotá, una de estas fundaciones demandantes fue Dejusticia, ONG que dirige el exmagistrado Rodrigo Uprimny.
Dejusticia en el pasado tuvo bastantes contratos con la Procuraduría General de la Nación, obviamente en administraciones anteriores a las de Alejandro Ordóñez, contratos que muy probablemente superaron cerca de los ocho millones de dólares; extrañamente esta misma organización no gubernamental, Dejusticia, fue la que se adjudicó el “éxito” de sacar a Ordóñez de la Procuraduría, cuya administración nunca contrató los servicios del respetadísimo doctor Uprimny y su equipo, ojalá la persecución de la cual es víctima Alejandro Ordóñez sea solo por cuestionar al Ejecutivo en asuntos como la paz con las Farc, y no por no darle mermelada a una ONG más.
La administración de Ordóñez, así como la nulidad de su elección no tiene precedente alguno, nunca antes un procurador general de la nación había tomado decisiones tan verticales y ajustadas a derecho como él lo hizo, sancionó cerca de 66 gobernadores; 24 parlamentarios, de los cuales cerca de 14 fueron sancionados por parapolítica; dos por Farcpolítica, basta recordar cómo el mismo Consejo de Estado anuló la sanción disciplinaria de Piedad Córdoba que Ordóñez le impuso por sus probables relaciones con las Farc, recordemos que en el proceso de la exsenadora se anula la sanción disciplinaria por que no se respetaron los protocolos de cadena de custodia de las pruebas recaudadas en la Operación Fénix.
Vale recordar que en dicha operación fue dado de baja el cabecilla de las Farc alias Raúl Reyes y en su computador se recopiló información que hacía inferir la relación entre ella y las Farc, pero la Procuraduría para entonces no solo tuvo como prueba para sancionar los computadores de ‘Reyes’, existían muchas más pruebas para que ameritara la sanción, tales como interceptaciones telefónicas legalmente obtenidas a un comandante de esa organización, videos, etcétera. A Ordóñez le están pasando una cuenta de cobro bastante amplia, pues también sanciono al entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro por todo el caos administrativo que generó bajo su administración.
También lo sacan justo en un momento álgido, pues es quien mas ha pedido que no se puede hacer un plebiscito si las Farc siguen en armas, hay que mencionar que la Corte Constitucional condicionó esa situación, ahora tal es la gallardía de Alejandro Ordóñez que lo sacan con la máxima de haber cumplido con su deber, respetar y hacer respetar la Constitución, tanta gallardía en este seguro presidenciable que, teniendo las herramientas jurídicas para seguir en el cargo, por los cuatro meses que faltaban para cumplir su periodo, no lo hará.
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