El despliegue de fuerza pública que prepara el Gobierno para las protestas del 20 de julio. Las autoridades colombianas anunciaron este domingo la activación de un plan para prevenir posibles actos de violencia durante las protestas convocadas para el próximo 20 de julio en varias ciudades del país, que coincidirán con la instalación en Bogotá del nuevo periodo legislativo del Congreso.
El despliegue de fuerza pública que prepara el Gobierno para las protestas del 20 de julio
Para ello, serán dispuestos 9.572 agentes de la fuerza pública en Bogotá y los municipios cercanos, cuya función será la de controlar el orden público en la capital del país.
El Ministerio de Defensa advirtió además que «existe un interés especial en grupos armados ilegales como (la guerrilla del) ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, en financiar hechos vandálicos durante la jornada de celebración de la independencia».
El Comité Nacional de Paro, principal convocante de las manifestaciones que vivió Colombia desde el 28 de abril y se extendieron durante dos meses, anunció que retomará las movilizaciones el próximo martes «para exigir del Gobierno nacional y de sus mayorías en el Congreso una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando».
El 20 de julio también se espera que llegue a Bogotá, desde diferentes ciudades del país, una «avanzada nacional» de las denominadas «primeras líneas» de las protestas, así como una delegación indígena.
Protestas del 20 de julio
Las protestas, que inicialmente fueron convocadas para rechazar una reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, derivaron en una de las peores crisis recientes del país y, pese a que la mayoría transcurrió de forma pacífica, en ciudades como Bogotá y Cali estuvieron marcadas por la violencia.
Por esa razón, las autoridades de las principales regiones del país advirtieron esta semana que garantizarán las protestas pacíficas del 20 de julio, pero no permitirán actos de vandalismo.
La Gobernación del Valle del Cauca (suroeste), donde ocurrieron la mayor cantidad de hechos violentos, autorizó el cierre de fronteras en el departamento hasta el 22 de julio «con el propósito de disminuir la velocidad de contagio del covid-19, garantizar la convivencia pacífica y evitar el riesgo de alteración del orden público».
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró ayer que «hay una coordinación interinstitucional para evitar y prevenir actos de violencia y vandalismo» porque «no son las vías de hecho con las que se logran los resultados para los propósitos sociales que compartimos».
Las manifestaciones, que en las últimas semanas han perdido intensidad hasta reducirse y casi desaparecer, dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 fallecidos.
