Un juzgado de Bogotá condenó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, por participar en una organización criminal que buscaba favorecer procesos judiciales a cambio de dinero.
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«Con estos actos de corrupción, como así lo ha llamado el testigo estrella de la Fiscalía y no puede ser de otra manera, la jurisprudencia también considera estos actos como actos de corrupción», alegó el juez que emitió el fallo de un escándalo que se conoce en Colombia como el «cartel de la toga».
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La Fiscalía solicitó en septiembre de 2017 la detención del exmagistrado, tras la petición de la Corte Suprema de que investigase a Ricaurte y también a otro expresidente, José Leonidas Bustos, acusados por un senador de haber exigido dinero a cambio de no iniciar una investigación en su contra.
Ahora el juez condenó, a la espera de determinar la pena, a Ricaurte por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.
Recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales
En el juicio se demostró que «el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales contra aforados constitucionales», según explicó la Fiscalía en un comunicado.
La Justicia coincidió con la Fiscalía en que «queda demostrada la existencia de la organización criminal», en la que el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir el dinero de procesados, para luego distribuirlo con Ricaurte y otras personas, que se ocupaban de determinar las sentencias a favor de los procesados.
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Algunos de los procesos judiciales que se probaron corruptos fueron los del excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, del Partido Liberal, que entregó 1.200 millones de pesos (unos 333.000 dólares) por dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con el paramilitarismo.
En otro caso, el exsenador Musa Besaile Fayad, del partido de la U, también pagó 2.000 millones de pesos (unos 555.000 dólares) para frenar una orden de captura en su contra también por parapolítica, y el exgobernardor del departamento de Valle del Cauca Juan Carlos Abadía también pagó 30 millones (unos 8.300 dólares) para dilatar un proceso por corrupción.
Por ello, el juzgado ordenó la detención de Ricaurte «para que se le prive de libertad como consecuencia del sentido del fallo condenatorio».
