La Jurisdicción Especial para la Paz advirtió que las diferentes entidades del Estado siguen desarticuladas para evitar los asesinatos de excombatientes de las Farc, pese a que ese tribunal ordenó en julio del año pasado a las autoridades tomar medidas para protegerlos.
«No son suficientes los esfuerzos del Gobierno Nacional, y de otras entidades del Estado, para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc-Ep«, detalló la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP en un comunicado.
En julio del año pasado, ese tribunal ordenó a varias instituciones estatales, entre ellas la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, tomar medidas de protección para exguerrilleros de las Farc.
En ese sentido, la JEP aseguró hoy que más de 250 excombatientes han sido asesinados desde que el Gobierno y la guerrilla firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016.
Por ello hace un llamado para que se «adopten las acciones necesarias para proteger de manera integral a más de 9.000 excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación».
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PRINCIPALES FALLAS
Según la JEP, las principales fallas que hay para garantizar la protección de los excombatientes son que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo no ha establecido una dependencia con la que se coordinen los temas de garantías de derechos de los excombatientes.
Hay también «desarticulación, ausencia o escasez de respuesta pronta y eficaz por parte de las autoridades competentes para la mitigación o disuasión de riesgos», mientras que «los espacios interinstitucionales no resultan eficaces para ese propósito, ni se detectan herramientas o instrumentos idóneos de medición de resultados de las acciones emprendidas».
Sobre la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, el tribunal manifestó su preocupación porque en las cifras de esclarecimiento de los hechos relacionados con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de excombatientes «solo reflejan 33 sentencias proferidas en los 280 procesos iniciados».
Igualmente, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP negó una apelación del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, sobre las medidas cautelares.
«En tanto el cumplimiento de funciones y obligaciones del Estado no deben estar sujetas a las órdenes emitidas por los tribunales. Por el contrario, mientras pasan los días, continúan sin tregua los hechos violentos contra los y las firmantes del Acuerdo», le expresó la JEP al funcionario.
EFE
