En Colombia se cometieron 76 masacres con 292 asesinados en 2020, lo que supone la mayor cifra de matanzas desde 2014 y casi el doble de las 36 que se produjeron el año anterior, según documentó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual.
Se trata de una «violencia endémica» en la que, a pesar de la bajada de la tasa de homicidios -de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes-, en 2020 hubo «una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales».
Así lo recoge el informe de la Alta Comisionada sobre la situación en Colombia, que será presentado por la directora de ese organismo, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el próximo 25 de febrero.
«Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014», manifestó la representante en Colombia de la Alta Comisionada, Juliette Rivero, en su exposición a los medios.
Entre los casi 300 asesinados se encuentran 23 mujeres, seis niñas, 18 niños, siete integrantes de pueblos indígenas y 10 afrodescendientes.
El comienzo de este año, que la Justicia Especial por la Paz (JEP) ya tildó como el más violento desde la firma de la paz, la ONU documentó seis masacres, con 21 víctimas, y está verificando cinco más, mientras que organizaciones como Indepaz recogen datos muy similares con 14 masacres y 55 víctimas en 13 municipios.
Falsos positivos fueron muchos más de los reportados; esta es la cifra
«La tendencia de asesinatos de defensores es muy preocupante y el Estado tiene la capacidad y la posibilidad de ajustar sus políticas para prevenir estos casos de violencia», consideró la representante de Bachelet.
Además, la violencia también provocó el desplazamiento masivo de más de 25.000 personas, sobre todo en los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño, y casi 75.000 personas sufrieron confinamientos impuestos por grupos armados más allá de los dictados por la respuesta a la pandemia de la covid-19.
También siguió la violencia contra líderes sociales y desmovilizados del acuerdo de paz, siendo asesinados 73 exintegrantes de las FARC en 2020.
«La ausencia de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables», concluyó la representante.
CASI UN CENTENAR DE LÍDERES SOCIALES ASESINADOS
La oficina de la ONU recibió información acerca de casi 800 amenazas y agresiones a líderes sociales, sobre todo en zonas rurales, pero también en Bogotá, y de casi 450 violaciones contra los derechos de los periodistas, con dos casos de homicidio.
También aumentaron, con respecto a 2019, los asesinatos de defensores de derechos humanos. La Oficina de la ONU recibió denuncias de 133 casos de homicidios, de los que han podido verificar 90 y están pendientes de demostrar otros 25. Mientras que en 2019, contabilizó 108.
«Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la Oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo», dijo Rivero ante unos datos que el Gobierno colombiano suele tomar como definitivos y que son bastante inferiores a los 182 homicidios registrados en 2020 por la Defensoría del Pueblo este mes.
Este lunes la consejera Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo referencia a los datos de asesinatos de líderes sociales, citando 66 en 2020 y relacionándolos con los cultivos ilícitos y otras actividades ilegales de grupos armados.
«Aunque en su mayoría los responsables de estos ataques y estos asesinatos son grupos armados no estatales o criminales, lo importante es el deber del Estado de proteger a estas poblaciones y a estos líderes, y creo que se pueden tomar medidas para mejorar la protección», alegó este martes Rivero en respuesta a la consejera.
RECOMENDACIONES AL GOBIERNO
Ante este aumento de la violencia la ONU considera que lo «más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del Gobierno y reforzar los mecanismos creados por el acuerdo de paz para dar respuesta a esta situación».
A pesar de los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior, la oficina de derechos humanos recalcó, como lo hizo la semana pasada Human Rights Watch y vienen denunciando organizaciones sociales, que la resolución de las peticiones de protección se retrasan y ponen en riesgo a los defensores.
«Creemos que el 2021 es un año de grandes oportunidades para Colombia«, consideró Rivero, ya que se espera el fin del mandato de la Comisión de la Verdad -creado por el acuerdo de paz-, y por tanto la sociedad y el Gobierno tienen la oportunidad «de recibir, escuchar y conocer la verdad entregada por la Comisión».
«De esta capacidad de entender la verdad y apropiarse de ella dependerá el presente y el futuro del país para construir una verdadera reconciliación y el respeto pleno de los derechos humanos», dijo la representante.
«Confiamos en la capacidad y voluntad del Gobierno y del Estado en su conjunto de buscar soluciones prácticas y eficaces a estos desafíos, con la participación de la sociedad civil, reforzando esfuerzos existentes», concluyó Rivero.
