El Consejo de Estado, después de casi 12 años, ratificó una sanción al hospital San Ignacio, ubicado en la localidad de Chapinero. El centro médico de Bogotá rechazó realizar a una mujer un aborto de un feto con graves malformaciones. Este hecho motivó una sanción de la Secretaría de Salud que fue confirmada finalmente en última instancia por el alto tribunal.
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Según el Consejo de Estado, el hospital desconoció las normas que desde 2006 autorizan en tres casos el aborto en el país. El centro médico ordenó realizar exámenes y hacer seguimiento a una mujer que había solicitado terminar con su embarazo. El feto, de acuerdo con los exámenes previos, sufría de hidrocefalia (acumulación de líquido en el cerebro) y una cardiopatía severa, lo que lo hacía inviable.
Aunque la pareja había requerido la intervención quirúrgica, los profesionales del centro médico se la negaron. La mujer fue intervenida en otra institución. La Secretaría de Salud impuso el 30 de noviembre de 2009 una sanción contra el Hospital San Ignacio por la negativa a practicar el procedimiento.
Esto desencadenó, según El Espectador, una serie de pleitos legales. El hospital rechazó la sanción e interpuso una acción de nulidad por negar el derecho a la objeción de conciencia. Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la nulidad fue interpuesta de manera tardía. Finalmente, la apelación del San Ignacio llegó al Consejo de Estado, que 12 años después dejó en firme el pago de más de 11 millones de pesos.
