El alcalde de Candelaria (Valle del Cauca), Jorge Eliécer Ramírez, tres funcionarios de su gabinete y dos contratistas actuaron en detrimento de las finanzas públicas y menoscabaron la administración, la fe y la seguridad.
Así lo indicaron las investigaciones en su contra, que lograron demostrar inconsistencias en los contratos de construcción de canchas de fútbol y el mantenimiento de vías terciarias. Estos hechos habían sido denunciados en redes sociales y ante órganos de control por dos líderes de Colombia Humana, que terminaron asesinados en enero de este año.
Según las denuncias, había irregularidades en un contrato que pretendía construir tres canchas de fútbol. Una de ellas no se pudo entregar porque la Alcaldía no hizo estudios ni diseños: el terreno no era adecuado para la instalación de la grama, no se instalaron graderías y no había sistema de alcantarillado para adecuar los baños contemplados en el contrato.
El alcalde, sus funcionarios y contratistas incumplieron con la construcción de las canchas, que costaban $229 millones. El contrato se prorrogó cuando ya estaba vencido y, supuestamente, los recursos se invirtieron en otras actividades.
Luego se suscribió un contrato de mantenimiento a vías terciarias, en el que se destinaron los recursos para terminar los escenarios deportivos. «La investigación permitió establecer que esta estructura pretendía, en los meses posteriores, direccionar la contratación por más de $1000 millones que les permitiera quedarse con los recursos de la Alcaldía», indicó la Fiscalía.
De acuerdo con el ente acusador, los seis capturados fueron imputados con los siguientes delitos. Aunque ninguno aceptó los cargos, el juez les ordenó detención en establecimiento carcelario:
- Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, alcalde de Candelaria: Interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir agravado.
- Jhonatan Ortiz Libreros, contratista de la Secretaría de Infraestructura: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.
- José Ulises Asprilla Cárdenas, contratista: Interés indebido en celebración de contratos, contrato sin el lleno de requisitos legales, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y concierto para delinquir agravado.
- Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaría de Educación: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.
- Jimmy Paz Castillo, contratista: Interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.
- Abraham Reyes Andrade, funcionario de la Oficina de Etnias: Concierto para delinquir agravado.
