La justicia colombiana devolvió a prisión a un condenado y dos procesados en el caso que se sigue por el desfalco a la empresa de servicios públicos de Barranquilla, Triple A, que hasta el año 2018 era manejada por Inassa, filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II.
Por gestión de la Procuraduría colombiana (Ministerio Público) ante el Tribunal Superior de Barranquilla, al condenado exgerente de la empresa Triple A, Ramón Navarro Pereira, le fue revocado el beneficio de libertad condicional por no existir reintegro de la mitad de lo apropiado ni garantías de devolución de la otra mitad.
El pasado 8 de septiembre Navarro fue condenado a 55 meses de prisión y a cancelar una multa equivalente a 5,2 millones de dólares, pero, debido a su edad y actual estado de salud se le concedió el beneficio de detención domiciliaria.
Sin embargo, la decisión fue apelada por la Procuraduría y fallada a su favor, por lo que Navarro no solamente tendrá que regresar a la cárcel, sino que además deberá garantizar la devolución de los recursos por el orden de 43.890 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), informó la entidad en un comunicado.
A otros dos vinculados al caso de desfalco a la Triple A, Edgar Rafael Piedrahíta y Héctor Enrique Amarís, que esperan en sus residencias el avance de sus procesos, también les fue revocado el beneficio de prisión domiciliaria por no haber pactado el reintegro de recursos de los que se habrían apropiado de manera irregular.
Piedrahita es procesado por tramitar en nombre de la empresa privada Recaudos y Tributos S.A., al menos 54 órdenes de pago por 23.379 millones de pesos (unos 6,4 millones de dólares), que corresponderían a servicios inexistentes.
A Amarís, representante de Iarco Ltda, se le juzga por nueve facturas de transporte de residuos sólidos en Barranquilla, sin que al parecer hubiera prestado el servicio, que se facturó 1.350 millones de pesos (unos 370.000 dólares), recursos que habrían sido entregados a Navarro, exgerente de la Triple A.
En la apelación presentada por la Procuraduría se pidió dar aplicación a la norma según la cual, «constituye un requisito de procedencia para los casos en los cuales el sujeto activo hubiese obtenido un incremento patrimonial para sí o un tercero como resultado de la conducta punible, la devolución de la mitad del valor apropiado y además garantizar el recaudo del monto restante».
En el marco de la operación Acordeón, relacionada en España la operación Lezo que vinculó a directivas de Canal Isabel II, las autoridades colombianas descubrieron cómo a través de ficticios contratos de asesoría técnica los exdirectivos de Inassa y Triple A se apoderaron de millonarios recursos dentro de la empresa barranquillera.
