El pasado 27 de septiembre, la Orquesta Filarmónica de Cali ofreció un concierto en la antigua sede del colegio La Sagrada Familia. En ese lugar, considerado Bien de Interés Cultural por su relevancia arquitectónica, se inició en 2011 la construcción de un hotel que hoy tiene una sanción económica y una orden de demolición por exceder lo que se aprobó en la licencia.
La Alcaldía ha liderado el proceso sancionatorio por la violación de normas urbanísticas que se evidenció en el proyecto. Incluso, la Secretaría de Seguridad y Justicia firmó en agosto 2018 una resolución que ordenaba a la firma promotora Jero SAS presentar las adecuaciones a la licencia de construcción o demoler en máximo dos meses la parte que no estaba permitida.
Sin embargo, la misma Alcaldía aprobó el evento de la Filarmónica en ese polémico espacio. “Fue una iniciativa que la Secretaría de Cultura adelantó junto a Proartes. Tenía como propósito presentar a la Orquesta en lugares patrimoniales, turísticos o emblemáticos de la ciudad”, explicó el subsecretario de Patrimonio, Leonardo Medina.
El funcionario añadió que La Sagrada Familia es un espacio privado y que el concierto se hizo sin público. También aclaró que la realización del evento “no significa una revocatoria de la sanción impuesta previamente por la administración municipal”, la cual sigue en pie porque la firma no ha pagado la multa ni ha demolido lo irreglamentario.
Aunque muchos caleños celebraron la realización del concierto y su transmisión por redes sociales desde ese bello lugar, para otros resultó contradictorio el hecho de que la Alcaldía promoviera eventos en un espacio que, a su vez, persigue y sanciona por haber roto normas en la ciudad.
Breve historia del desacato
La firma promotora Jero SAS, cuyo representante legal es el señor Jerónimo Jiménez, obtuvo en 2013 la licencia de construcción para un hotel boutique en el barrio El Peñón, que contendría espacios comerciales complementarios. Un informe realizado por la Alcaldía en 2015 subrayó las primeras irregularidades.
“La edificación presentaba una modificación arquitectónica no contenida en planos, consistente en excavación y construcción adicional”, se explica en la resolución de 2018. Documentos posteriores detallaron que las infracciones urbanísticas obedecían a la construcción de 3714 metros cuadrados adicionales.
De acuerdo con la abogada Claudia Villegas, que durante cuatro años estuvo a cargo del proceso de La Sagrada Familia en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la firma promotora estuvo advertida de la inviabilidad del proyecto. A pesar de que se realizaron algunos ajustes, lo que sucedió en la obra fue distinto a lo que quedó permitido en el papel.
“Desde el primer día que fuimos a hacer las visitas nos dimos cuenta de que estaban haciendo las cosas mal. Se había aprobado construir cinco pisos con un chaflán (retroceso) en los últimos dos. Jerónimo hizo ocho pisos, sin el chaflán. Él asegura que tiene cinco pisos y que el último es ‘muy alto’, de 15 metros, pero la norma dice que los pisos deben medir 3,20 metros,”, afirmó la abogada Villegas.
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En 2018, cuando el entonces secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, firmó el acto administrativo que ordenaba adecuar la licencia o demoler el exceso construido en máximo 60 días, la firma promotora demandó al Estado para revocar la sanción y pidió como medida cautelar la suspensión del desmonte, solicitud que le fue negada.
De acuerdo con el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), Jimmy Dranguet, el desacato obliga a que la administración municipal tome acciones. “Este año priorizamos la contratación para que se hiciera el desmonte de la estructura, pero con la pandemia tuvimos que suspenderla. Estamos ad portas de reanudar ese proceso contractual”, explicó Dranguet.
Desmontar la estructura que excede lo permitido en la licencia requiere la intervención de una empresa especializada para no poner en riesgo el resto de la construcción. Ese contrato le costaría al municipio más de $1500 millones, que luego se le cobrarían a la firma promotora. “Ya estamos adelantando los estudios para hacer el proceso de desmonte. Es bastante dispendioso y costoso”, dijo el subsecretario de IVC.
PUBLIMETRO intentó durante tres días hablar con el señor Jerónimo Jiménez, pero no se logró la comunicación. Ante la pregunta de qué había sucedido con el caso y la orden de desmonte, la única respuesta fue un mensaje vía WhatsApp: “Ese es un contexto que se superó hace más de un año”. Sin embargo, la construcción irreglamentaria continúa allí.
“Ese edificio ya no tiene ningún valor”
A los líos legales que afronta La Sagrada Familia se le suma el impacto arquitectónico que causó la parte erigida en desacato de la licencia. Para la arquitecta María Claudia Villegas, expresidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, esa construcción atentó contra el valor de antigüedad.
“El problema de la intervención de un edificio patrimonial cuando cae en malas manos es que se interviene para sacarle dinero, en contra de los valores patrimoniales, de antigüedad y estética. Ahora hay una relación desproporcionada entre la torre de ocho pisos y el edificio que alguna vez existió”, indicó la arquitecta Villegas.
Otra de las afectaciones fue la desproporción que se causó en uno de los patios originales del recinto. “Cuando el comité de patrimonio aprobó la obra, puso un tope en la altura para mantener la relación del plano vertical con el plano horizontal del patio trasero. La firma promotora lo ignoró y subió pisos por encima de lo aprobado. Para mí como arquitecta, ese edificio ya no tiene ningún valor”, dijo Villegas.
Frente a este panorama de desacatos y discusiones protagonizados por distintas dependencias de la Alcaldía de Cali y la firma Jero SAS, la realización del concierto de Amor y Amistad de la Filarmónica de Cali apoyado por la Secretaría de Cultura en La Sagrada Familia se convirtió en un nuevo tema de discusión para quienes han conocido detalles del embrollo.
Por un lado, el subsecretario de Patrimonio enfatizó que la sanción impuesta por la Alcaldía no se ha revocado, y el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control explicó que la infracción urbanística no restringe que en el lugar se ejerzan otros derechos sobre la propiedad, es decir, “si el señor pide permiso para un evento y está dentro de los parámetros, no se le puede negar su derecho a pesar de las sanciones que estamos buscando ejecutar”, dijo el funcionario.
Por otro lado, la abogada que lideró el caso en Planeación Municipal captó un mensaje distinto: “La idea que me dejó la realización de ese concierto en La Sagrada Familia es que en Cali se pueden violar las normas con beneplácito de la Alcaldía. Es una especie de ‘todo vale’”.
