Yeferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza no trabajaban como vigilantes en la finca Las Vegas, cañaduzal donde se cometió la masacre de niños en Cali el pasado 11 de agosto.
Así quedó establecido por ellos en la audiencia de legalización de capturas ante el juez de control de garantías, que se llevó a cabo ayer.
Elmer Montaña, abogado del padre de una de las víctimas, confirmó que los dos capturados dijeron ser empleados de una empresa constructora con sede en otra ciudad. Según ellos, no trabajaban como vigilantes en el cañaduzal ni en fincas del sector.
Horas antes, el fiscal Francisco Barbosa había asegurado en rueda de prensa en Cali que «los tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del cañaduzal observaron a los cinco menores acercarse y, sin mediar palabra, en un acto de total barbarie los asesinaron».
Esta versión fue repetida por el alcalde Jorge Iván Ospina, con base en los resultados de la investigación para que fueron necesarios 16 días, 54 investigadores y $200 millones de recompensa.
«Estas personas tenían antecedentes, eran personas no adecuadas para adelantar esta labor. (…) Eran vigilantes del sector. Estaban bajo una supuesta empresa de vigilancia».
