Una ONG denunció que hay restos de víctimas del conflicto en un cementerio de Colombia donde se pretende enterrar a muertos con COVID-19, por lo que la Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó este viernes la suspensión inmediata de la manipulación de los despojos existentes en el lote.
En un auto, el tribunal ordenó a la Alcaldía del municipio de El Copey, ubicado en el departamento caribeño del Cesar, la «suspensión inmediata de la manipulación, inhumación, exhumación y traslado de estructuras óseas existentes en el lote o cementerio alterno» de esa localidad para proteger los cuerpos no identificados.
Esto ocurrió luego de que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una ONG con estatus consultivo ante la ONU, advirtiera el jueves que en ese cementerio estaban «haciendo excavaciones para enterrar a las personas que mueren por COVID-19 sobre un terreno en el que hay restos humanos, incluyendo víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales».
LA DENUNCIA
En sus redes sociales, la CCJ publicó un video en el que se ve la «afectación sobre el terreno, la intervención descuidada que se hizo en las fosas y los restos humanos expuestos».
«Solicitamos al alcalde de El Copey que pare las intervenciones en este terreno, sobre el cual la CCJ ha solicitado en distintas oportunidades a la Fiscalía (que) ordene a la alcaldía proteger los restos humanos (de aproximadamente 100 personas) que reposan allí, y que esta ha desatendido», añadió la organización social.
Igualmente, el organismo pidió a la JEP y a la Fiscalía que decretaran «medidas cautelares de protección, prevención y conservación» sobre los restos mortales que hay en el cementerio, en especial «los restos óseos que fueron retirados sin ningún protocolo», y que se investigue «posibles acciones de vandalismo».
Al respecto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento del alto tribunal ordenó a la Alcaldía que «en el término máximo e improrrogable de 15 días hábiles» garantice «la conservación y custodia de cuerpos de personas no identificadas y personas identificadas no reclamadas existentes en el cementerio».
Para ello debe «disponer de inmediato de un lugar distinto para los requerimientos actuales de inhumación de cuerpos y una vez surtido lo anterior, deberá documentar ante la Sección la evidencia del cumplimiento de esta orden».
CASOS ESPECÍFICOS
La CCJ manifestó que en este caso aboga especialmente por los casos de Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, quienes aparecieron el 16 de enero de 2008 «en una carretera destapada en zona rural de El Copey, después de ser asesinados por miembros del Batallón de Artillería Nº2 La Popa» del Ejército.
«En el acta de levantamiento de los cadáveres, el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) registró ‘homicidio por arma de fuego en presunto enfrentamiento con el Ejército’, pero las familias de los jóvenes han demostrado que ellos no pertenecían a ningún grupo armado y fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales», agregó el CCJ.
Entre tanto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) declaró el cementerio como «una zona de interés para la búsqueda» de víctimas del conflicto armado y pidió «la protección de este lugar y de los cuerpos que allí se encuentran».
La directora de este organismo, Luz Marina Monzón, tuvo una reunión virtual con el alcalde de El Copey, Francisco Meza, quien le aseguró que «una vez tuvo conocimiento del hallazgo de cuerpos, solicitó a la Policía el acordonamiento del lugar».
«FALSOS POSITIVOS»
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos», como se conoce en el país a las ejecuciones extrajudiciales, que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, la JEP ha recibido información de 2.200 casos que, por el momento, se encargará de juzgar.
En diciembre pasado, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió al alto tribunal proteger 16 sitios de Colombia en los que se cree que pueden estar sepultadas víctimas de los «falsos positivos».
En febrero, las autoridades completaron la exhumación de 54 cuerpos de una fosa del cementerio de Dabeiba, municipio del noroeste del país donde la JEP dijo en diciembre que podría haber más 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
