La asonada que se vivió el pasado fin de semana contra miembros de la Policía y el Ejército en Mondomo, Cauca, fue financiada por narcotraficantes y cocaleros que viven cerca de comunidades indígenas y campesinas.
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Así lo indicó el general John Rojas, comandante del Comando Específico del Cauca. «Personas dedicadas al negocio de la droga (…), por medio de asonadas y convocando a personas de otros municipios, pagan para que ayuden a confrontar la fuerza pública», dijo el general Rojas.
Por estos hechos, el representante a la Cámara Christian Garcés anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía. Los militares atacados adelantaban tareas de erradicación de cultivos ilícitos, como lo vienen haciendo desde el 1 de julio.
«Esperamos que las autoridades logren esclarecer lo que está pasando en esta zona. De acuerdo con el Ejército y la Alcaldía de Santander de Quilichao, las personas que impidieron la acción de la fuerza pública actuaron bajo presunta presión y financiación de actores ilegales, y no hacen parte de resguardos indígenas del sector», dijo el congresista.
Más miedo, menos denuncias
Garcés también le solicitará al fiscal que se generen los mecanismos necesarios para que las autoridades, gobernadores indígenas, campesinos y la comunidad en general puedan denunciar las presiones que los grupos armados y las bandas de narcotraficantes ejercen sobre la población civil.
De acuerdo con el representante, estos grupos ilegales habrían convocado y transportado a personas de otros municipios del Cauca para organizar la asonada. El general Rojas aseguró que los narcotraficantes establecieron una alianza criminal con el grupo armado residual ‘Dagoberto Ramos’ para que hostigara a los militares encargados de la erradicación en cinco veredas.
«Según el reporte que recibimos, los protagonistas de la asonada fueron cerca de 400 personas que habrían sido transportadas desde otros municipios en tres “chivas”, y presuntamente recibieron $100 mil y almuerzo por interferir el operativo de los militares», afirmó Garcés.
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Otros testimonios de la comunidad indicaron que los presuntos manifestantes hicieron una fiesta con abundante consumo de licor la noche después de la asonada, con el objetivo de celebrar que los militares habían abandonado la zona.
A pesar del hostigamiento constante, los campesinos no quieren denunciar por miedo a las represalias. «Nadie se atreve a hablar. Por temor a estos grupos criminales, las comunidades viven bajo constante presión y terminan siendo utilizadas como ‘escudos’ por los delincuentes. Sabemos de casos donde han utilizado niños para ponerlos al lado de las canecas que se usan en los laboratorios de coca, con el fin de que la fuerza pública no pueda destruir lo que allí se produce», dijo el representante Christian Garcés.
El parlamentario añadió que se tiene conocimiento de otra estrategia para evitar la erradicación: los delincuentes le ordenan a la gente que se acueste sobre los terrenos donde están los cultivos ilícitos. Así, los militares no pueden adelantar la labor.
