Hay indignación en Cumbal, Nariño, por el fallecimiento de un joven que ingresó al Hospital Cumbal el pasado 24 de mayo. Estaba intoxicado por un veneno que había ingerido.
Como el centro médico no podía atenderlo, lo trasladaron al Hospital Civil de Ipiales. Tres días después logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos. Su familia seguía el caso desde lejos, pues el cuerpo médico explicó que nadie podía estar allí debido a que se registraban dos casos de COVID-19.
«El día 25 de mayo regresé con el dolor tan grande de dejarlo solo. Desde ese momento recibía información por vía telefónica. El día 27 de mayo recibí información de que mi hijo presentó recuperación, saliendo de la UCI hacia sala de recuperación. Fue la última vez que lo miré por unas horas», explicó la mamá del joven.
Según la mujer, a su hijo le realizaron pruebas rápidas de COVID-19 y los resultados fueron negativos. Como tenían que hacerle una cirugía de tráquea, el 17 de junio le tomaron otra prueba rápida y confirmaron que estaba libre de contagio, razón por la que sus padres firmaron el consentimiento para la operación.
La noticia
Días antes, el 2 de junio, le habían tomado la muestra para la prueba PCR. Los resultados aún no se conocían. «Se firmó la autorización para la cirugía el 19 de junio. Se recibe información el 20 de junio de que su cirugía salió exitosa. El 21 de junio en horas de la mañana se recibió información de que mantenía estable. A las 7:40 p.m. del mismo día recibimos la información por parte del Hospital Civil de Ipiales de que nuestro hijo falleció», contó la familia del difunto.
Cuando los padres se acercaron a reclamar el cuerpo del joven, les explicaron que esto no se iba a poder debido a que era un paciente sospechoso para coronavirus. La secretaria de Salud les indicó que no se lo podían llevar para su municipio de origen, sino que debían adelantar las honras fúnebres en Ipiales.
Los familiares denunciaron haber sido víctimas de ultrajos y malos tratos por parte de las autoridades sanitarias en medio del duelo por la pérdida del joven.
«Frente a este acoso, decidimos realizar arreglos con la funeraria de Ipiales: compra de bóveda y demás elementos. Insistieron en que debíamos sacarlo lo más pronto posible porque, de lo contrario, llamarían a la Policía y lo mandarían a fosa común», añadió la familia.
Ahora, sus padres y hermanos tienen la incertidumbre de si el cuerpo que iba en el ataúd era realmente el del joven, pues nunca pudieron verlo.
El 23 de junio, la familia se enteró por redes sociales de que había muerto de COVID-19 cuando se publicó el caso del primer fallecido por el virus en Cumbal.
Reclaman protocolos
Luego de un día pudieron comunicarse con la Secretaría de Salud del municipio, donde les informaron que el resultado de la prueba había llegado por la noche y que era positivo.
«No entendemos por qué le realizaron la cirugía si era sospechoso. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad con pacientes y trabajadores de la salud? Sigue la controversia: le tomaron la prueba el 2 de junio, la procesaron el 19 y salió positiva el 20. ¿Por qué no nos informaron?», añadieron los familiares.
El joven fallecido había tenido dos cirugías a corazón abierto en su infancia y adolescencia, y presentaba un déficit cognitivo.
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