Se trata de un caso que resultó de varios allanamientos ejecutados por cerca de 200 uniformados de la Policía Nacional en octubre de 2016, que se hicieron en el sector de la Bayadera, en el centro de Medellín. En total, se encontraron 242 autopartes sin soportes de compra-venta en 24 locales comerciales.
PUBLIMETRO habló en exclusiva con el Juez de la seccional de Medellín, quien dictó la sentencia a los administradores de Servimotos la 53 y de Chaso Motos, que fueron condenados por por primera vez por el delito de receptación, luego de dos años de juicio, convirtiendo la sentencia en un hito para la seccional.
La Bayadera
Según la información que manejaba la policía judicial, a través de informes de inteligencia, se revelaba que en el sector de la Bayadera se estaban vendiendo autopartes hurtadas y que algunas personas hacían parte de organizaciones ilegales.
El juez explicó que estas organizaciones tienen personas dedicadas al hurto de las motos o de los vehículos, que incluso, en varias ocasiones matan a sus víctimas para cometerlos. “Luego, deshuesan los automotores, los dividen en partes dentro de locales comerciales o en otros lugares y posteriormente los llevan a la Bayadera, para venderlos al público a precios muy económicos”.
Las autopartes de las motos o de los vehículos generalmente tienen un número de identificación que es de fabricación. Sin embargo, muchos propietarios optan por marcar cada pieza de la moto o del carro con el número de la placa, una marcación que fue clave para poder determinar la responsabilidad en este caso.
El juicio por receptación
Al juez le correspondió el juicio de dos administradores de dos de los locales comerciales más grandes del sector. “Me demostraron que ellos estaban vendiendo autopartes robadas o con regrabado o con grabados que habían sido borrados”, dijo.
Reveló que «cuando la policía judicial entró a verificar si esas autopartes tenían algún denuncio por hurto, obviamente no aparecieron, porque los tenían borrados o porque estaban regrabados con números diferentes. Entonces, para la policía fue imposible determinar esa autoparte a cuál vehículo le había sido robada”.
Sin embargo, el togado siguió el proceso con indicios, con inferencias, que aunque la defensa intentó decir que no habían elementos directos que pudieran determinar que fueron hurtados, fueron determinantes para la decisión final.
“Sucedió que la Fiscalía hizo una muy buena tarea y la fiscal, supremamente juiciosa, entró a conectar diferentes indicios e indicadores, como las noticias de los lugares en los que se hurtaron motocicletas o vehículos y cómo posterior a ello, los mismos propietarios compraron en ese sector las mismas autopartes que les habían sido hurtadas”.
Además, se logró demostrar que “en el momento en el que hicieron el allanamiento, en el libro de contabilidad o en el inventario no aparecía a quién le compraron esas autopartes y no habían recibos ni soportes. No tenían como justificar de dónde compraron y, por ende, por qué están borrados los regrabados. Puede ser que yo venda una motoparte mía y para que la puedan vender la tienen que regrabar, pero no hubo ninguna prueba testimonial que permitiera justificar eso”, explicó.
La sentencia
“Me di a la tarea de establecer una sentencia con pruebas indiciarias, porque no había prueba directa. Logré conectar diferentes hechos, que me indicaron que allí estaban vendiendo autopartes que venían del mercado negro, es decir, hurtadas. Ahí dicté sentencia condenatoria”, indicó.
El delito por el que fueron condenados fue por receptación, que consiste en que una persona posea, prenda, venda o transfiera un objeto o cosa que provenga de un ilícito.
“Lo que se logra demostrar en este caso es que estas autopartes provenían de un ilícito, sea hurto u otro, pero por lógica y por experiencia, era hurto. A mí no me quedó duda de que ellos hicieron parte. Además, no apelaron, lo que envió un mensaje de que aceptaron la responsabilidad. La condena fue de seis años de prisión para los administradores de los locales involucrados, que eran los representantes legales”, explicó..
El juez fue enfático al decir que las personas que compran en sectores donde se venden autopartes hurtadas pueden verse inmersas en delitos de receptación. Que dado el caso, tendrán que demostrar que esa autoparte no era hurtada y que sabían que no lo era.
“La mayoría de las personas que tenemos por receptación fueron a los que pararon en la moto, les verificaron las autopartes y si alguna estaba regrabada o tenía una grabación que tenía una denuncia por hurto, eran capturados. Ellos deben demostrar que no sabían que eso no era hurtado. Aunque no es solo no saber, sino tener la debida diligencia, porque si una cosa que vale $100.000 la voy a comprar en $10.000, entonces yo puedo inferir de que proviene de un ilícito”, indicó el juez.
De acuerdo con el artículo 447 del Código Penal para el delito de receptación, la pena es de 4 a 12 años y una multa 6,60 a 750 salarios mínimos, pero cuando es de una autoparte o de combustible o de elementos destinados a la comunicación telefónica, telegráficas, informáticas, telemática y satelitales; la pena es de 6 a 13 años y la multa es de 7 a 700 salarios mínimos legales vigentes.
La problemática actual
Por su parte José Alcibiades García, presidente ejecutivo nacional de Asopartes, le explicó a PUBLIMETRO, que a pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades y el Gobierno Nacional, el hurto se mantiene. “El hurto de vehículos y con ellos de piezas y partes para vehículos y motos, no ha disminuido. El año pasado se mantuvo en cerca de 45.000 automotores hurtados en el país, donde un grueso número lo aportan las motos y en gran medida son hurtos en Medellín”.
Según las estadísticas de Asopartes, en total se hurtaron 34.834 motos en el 2019. En lo corrido del 2020 se han reportado 2255, de los cuales 485 han sido en Antioquia, el departamento que ocupa el primer lugar; seguido por 382 hurtos en el Valle del Cauca y 331 en Cundinamarca.
Para el presidente, el hurto es uno de los principales flagelos que impiden que el sector evolucione en el tema de la legalización del empleo. “La informalidad es uno de los grandes inconvenientes que presenta el sector, toda vez que es importante impulsar la mitigación del impacto ambiental de los vehículos no tenidos a punto y que generan contaminación en ciudades como Medellín”, dijo.
Además, García agregó que “hemos iniciado conversaciones con el gremio del transporte para que los conductores no acudan a estos lugares de comercio informal, que son los que más nos afectan en la competencia desleal, de igual manera los talleres informales, porque es donde se rompe la cadena automotriz”.
El presidente anunció que el comercio formal tendrá la instalación de un sello y la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, identificará la idoneidad de las empresas y de los productos que se comercializan con el apoyo de Asopartes.
“Si los usuarios acuden a talleres no muy santos, van a acudir a vendedores de autopartes no muy santos y la cadena se repite en la informalidad y en la ilegalidad. Queremos que la cadena se formalice para evitar las acciones punitivas, los accidentes viales y la contaminación”, puntualizó el ejecutivo.
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La frase
“Si los usuarios acuden a talleres no muy santos, van a acudir a vendedores de autopartes no muy santos y la cadena se repite en la informalidad y en la ilegalidad. Queremos que la cadena se formalice para evitar las acciones punitivas, los accidentes viales y la contaminación”, José Alcibiades García, presidente ejecutivo nacional de Asopartes.
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Las cifras
- 4086 fueron las reclamaciones por pérdida parcial hurto en 2019 en el país, según Fasecolda.
- 423 de las reclamaciones se reportaron en Medellín, correspondiente al 10,3%.
- $10.738.564.259 fue el valor reclamado total en el país, según Fasecolda.
- 101 automóviles fueron hurtados en Antioquia en enero 2020, de los cuales el 64,4% fueron en Medellín.
- 485 motocicletas fueron robadas en Antioquia en enero 2020, de los cuales el 75,9% fueron en Medellín.
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