El Ministerio de Defensa colombiano afirmó este sábado que está dispuesto a colaborar con la Justicia para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto. Gobierno colombiano dice estar dispuesto a esclarecer crímenes del conflicto.
«El Ministerio de Defensa está atento a cualquier requerimiento que haga la Justicia Especial para la Paz (JEP) o la Justicia Ordinaria a la Justicia Penal Militar, con el fin de prestar la colaboración necesaria para contribuir en el establecimiento de la verdad, justicia, reparación y no repetición», señaló en un comunicado.
La cartera afirmó que apoyará «en materia de seguridad» el desarrollo de las diligencias de la justicia transicional y recordó que la fuerza pública ratificó su compromiso «con contribuir a la construcción de la verdad» tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016.
«Por esta razón, en los casos en los que corresponde, los miembros de la fuerza pública se han presentado voluntariamente ante los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a través de versiones libres rendidas ante la JEP», señaló.
De esta forma, el Ministerio respondió a la investigación que realiza la JEP por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Antioquia, conocidas en Colombia como «falsos positivos», durante el conflicto armado y que fue dada a conocer hoy por medios locales.
Dicha pesquisa llevó a las autoridades al hallazgo de fosas en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, a unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de civiles víctimas de ese flagelo.
El tribunal, que nació del acuerdo de paz, detalló que las víctimas al parecer vivían en Medellín, capital de Antioquia, tenían edades comprendidas entre los 15 y los 56 años, y algunos de ellos al parecer estaban «en condición de discapacidad».
Con el eufemismo de «falsos positivos» se conoce en Colombia la práctica extendida en el Ejército de asesinar civiles que eran presentados luego como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.
La JEP resaltó que hasta la fecha han sido exhumados «siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos», que nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria.
De igual forma, señaló que las pesquisas se iniciaron después de que un exintegrante del Ejército «indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado».
Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
EFE
