Monsanto hace terrible confesión sobre cultivos en Hawai donde representó una amenaza para el medio ambiente, las comunidades circundantes y los trabajadores.
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La empresa Monsanto asumió que durante años ha usado un pesticida prohibido y altamente tóxico en cultivos de investigación en la Isla norteamericana.
La gigante compañía agroindustrial originaria de Estados Unidos Monsanto se ha declarado culpable este jueves de haber de utilizado actualmente un peligroso pesticida ilegal el cual ha sido implementado en cultivos de investigación que la empresa actualmente tiene en la Isla de Hawái.
Estas instalaciones de la compañía quedan exactamente ubicadas en la Isla Maui, donde en la actualidad todavía estaban ocupando este pesticida y por asumir su culpabilidad Monsanto deberá pagar la suma de USD $10 millones de dólares.
Finalmente la compañía no tuvo más remedio que admitir, en la corte federal de Honolili, que el uso del pesticida Penncap-M ha sido utilizado en diversas semillas de maíz y otros cultivos en su planta Valley Farm durante el año 2014.
Monsanto y uso de pesticida tóxico
Según palabras de la fiscal Nick Hanna «La conducta ilegal en este caso representó una amenaza para el medio ambiente, las comunidades circundantes y los trabajadores de Monsanto, es por esto que las leyes de regulaciones federales imponen una obligación a todos los usuarios de químicos peligrosos para que esos productos sean usados de manera segura, algo que no se cumplió».
El grupo de fiscales a cargos del caso buscaban hacer pagar a los culpables con cárcel por el caso Pencap-M, pero según reveló un informe de prensa, estos solo presentaron un cargo menor luego de que los abogados buscaran influencia en los más altos escalafones en el sistema de justicia de los Estados Unidos.
En la declaración donde Monsanto acepta la culpabilidad se afirma que posterior a la fumigación ocurrida en el año 2014, se dio instrucciones a sus trabajadores de entrar a estos campos una semana después, pese a que ellos tenían el conocimiento que en área no se podía efectuar ninguna actividad durante 31 días.
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Finalmente, la sentencia quedó en que la empresa pagará en una primera instancia una multa de USD $6 millones de dólares para luego repartir USD $ 4 millones en servicios comunitarios a diversas entidades del gobierno interno de la Isla.
