Las autoridades colombianas investigan la muerte del joven defensor de derechos humanos Flower Jair Trompeta Pavi, ocurrida en el municipio de Corinto, en el convulso departamento del Cauca (suroeste) y de la cual se acusa al Ejército, informaron este martes fuentes oficiales.
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Según la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la comunidad reportó que «los hechos se presentaron tras escuchar varios disparos y el sobrevuelo de un helicóptero en horas de la mañana del lunes 28 de octubre».
Al respecto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo a emisoras de radio que «ya hay una investigación que está adelantando la Fiscalía» y reiteró que no hay ninguna posibilidad de que se hayan revivido los «falsos positivos», práctica con la que militares ejecutaron a unos 5.000 civiles en las dos últimas décadas para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
«Absoluta y categóricamente no, no existe la menor posibilidad» de que se trate de un «falso positivo», explicó el jefe de la cartera de Defensa.
DENUNCIAN TORTURA
La información de la Anzorc agrega que los «familiares del joven asesinado solicitan a las autoridades investigar a fondo las extrañas circunstancias en las que se presentaron los hechos y devolver el cuerpo en la mayor brevedad».
Lugareños dijeron a medios locales que el joven supuestamente fue retenido por miembros del Ejército quienes al parecer lo torturaron metiéndole una mano en una máquina para despulpar de café.
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Según Anzorc Trompeta era integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución de Zonas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal), localidad cercana a Corinto.
REVIVE CASO DE EXGUERRILLERO ASESINADO
El caso también fue denunciado por el senador Roy Barreras, del Partido de la Unidad Nacional, quien escribió en su cuenta de Twitter que según la comunidad donde vivía el joven, al «campesino se lo llevaron vivo de su parcela (…) unidades del Ejército (hay testigos) y dos horas después aparece asesinado y con señales de tortura».
En otro mensaje Barreras dijo que solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a la Fiscalía una «rigurosa autopsia» y que el caso lo seguirá la Comisión de Paz del Senado.
El senador añadió que espera que la información «no sea manipulada como en el caso de Dimar Torres ni nos informen que fue ‘un accidente'».
Torres era un guerrillero de las FARC que dejó las armas tras la firma del acuerdo paz y fue asesinado el pasado 22 de abril por militares en una aldea del municipio de Convención, que hace parte de la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.
CRIMEN PLANEADO
A propósito de este caso, la revista Semana informó en su más reciente edición que el asesinato no fue algo fortuito sino un plan urdido por el teniente coronel del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita.
Cuando se conoció el asesinato de Torres el ministro Botero dijo que había sido como consecuencia de un forcejeo con el cabo del Ejército Daniel Gómez, pero denuncias de la comunidad permitieron descubrir que se trató de un asesinato.
Tanto el cabo como el teniente coronel fueron retirados del Ejército y el primero está preso, según el Ministerio de Defensa.
El mismo día de las revelaciones de la revista el presidente colombiano, Iván Duque, expresó su respaldo al titular de Defensa y dijo que «no es momento de hablar de una renuncia del ministro Botero».
