El caso de un mono araña que, tras ser capturado en las selvas colombianas, fue entrenado para comer empanadas y tomar gaseosa, a pesar de ser considerada una de las 25 especies de primates más amenazadas en el mundo, muestra las nefastas consecuencias del millonario negocio del tráfico ilegal de animales en el país.
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Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el comercio de animales es el tercer negocio ilícito más rentable en el planeta, con ganancias que podrían alcanzar los 26.000 millones de dólares al año y superado en esa oscura clasificación solo por el narcotráfico y la trata de personas.
En Colombia, muchos de cuyos ciudadanos ignoran que hay 54.871 especies registradas de animales, plantas, hongos y microorganismos que hacen de esta la segunda nación más biodiversa del mundo, la situación es preocupante.
Cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indican que en 2017 fueron incautados 23.605 animales, muchos de los cuales fueron sacados de su hábitat para ser vendidos en el exterior.
Del triste conteo de las 10 especies colombianas más traficadas dentro y fuera del país figuran la tortuga hicotea (Trachemys callirostris), la tortuga morrocoy (Chelonoides carbonaria), la iguana, el periquito bronceado (Brotogeris jugularis) y la lora común (Amazona ochrocephala).
También hacen parte de la infame lista la cotorra cheja (Pionus menstruus), la ardilla (Notosciurus granatensis), el tití gris (Saguinus leucopus), el mico maicero (Cebus albifrons) y las ranas venenosas (Dendrobatidae spp).
Solo en Bogotá, entre enero y julio de este año «se han realizado 35 operativos de control al tráfico de fauna silvestre en los que se han recuperado 382 animales», acciones que si se suman a las que se adelantan a diario en la ciudad dan un total de 3.600 individuos rescatados, dijo a Efe el subsecretario de Ambiente, Óscar López.
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Datos oficiales dejan en evidencia que entre 2016 y lo que va de 2019 han sido recuperados por las autoridades más de 10.000 especímenes en la capital.
Entre ellos figura el reciente caso de 32 canarios costeños (Sicalis flaveola) que tras ser capturados y encerrados en jaulas fueron obligados a participar en concursos de canto promocionados a través de Facebook.
El operativo, que se llevó a cabo a finales de julio en un club gallístico de Bogotá, «fue muy llamativo, ya que involucra una costumbre arraigada tanto en Colombia como en Venezuela y muestra nuestro desinterés como seres humanos por otros seres vivos a los que privamos de la libertad y bienestar solo para nuestro deleite», sostuvo el funcionario.
Hace dos años se conoció el caso de un cachorro de tigrillo «Leopardus pardalis» que, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), está en peligro de extinción, pero que fue encontrado, desnutrido, en una casa bogotana.
Luego de la intervención de las autoridades, el felino estuvo en proceso de recuperación durante más de 20 meses en los centros de fauna silvestre de Bogotá y del municipio de Victoria, en el departamento de Caldas (centro).
El objetivo era «estimular sus condiciones físicas y que pudiera cazar y comportarse con normalidad frente a los demás individuos de su especie», comentó la directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval.
Finalmente, en mayo de este año el tigrillo estuvo listo para recuperar su libertad en la Reserva Natural Bojonawi, ubicada en la selvática región colombiana de Vichada (este), a donde llegó por vía aérea y en donde será monitoreado satelitalmente por al menos un año.
Pero no todos los 6.700 animales que se han atendido en el Centro de Fauna Silvestre capitalino desde octubre de 2017 han tenido la misma «buena suerte» de ese tigrillo.
«Algunos llegan en muy mal estado de salud, con deshidratación, estrés y desnutrición por las condiciones extremas del cautiverio y del tráfico, ya que los meten en maletas, cajas de cartón o tubos de plástico», aclaró Sandoval.
La funcionaria agregó que «muchos mueren y aquellos que sobreviven comienzan la rehabilitación, que incluye exámenes de ingreso, tratamiento veterinario, dietas y recuperación».
Si bien la intención es que los animales regresen a su hábitat tras ser entregados voluntariamente por sus captores o incautados principalmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado o las terminales de transporte terrestre, en algunas ocasiones las afectaciones son tan severas que nunca vuelven a las selvas o los campos de donde fueron robados.
Ese sufrimiento lo padecieron 424 ranas venenosas incautadas en abril pasado en El Dorado, cuando un colombiano pretendió sacarlas hacia Brasil y posteriormente llevarlas a Europa por encargo de un ciudadano alemán.
Mediante rayos x fueron detectados los animales que viajaban ocultos en rollos fotográficos, cuatro de los cuales estaban muertos y que, a pesar de ser una especie en «peligro crítico» de extinción, fueron sustraídos ilegalmente de los departamentos de Chocó, fronterizo con Panamá, y Valle del Cauca (suroeste).
Esa historia se ha repetido este año también con 10 mantis religiosas y 12 cangrejos rojos de manglar que iban a ser vendidos en Estados Unidos, y con 23 tarántulas que eran esperadas en Corea del Sur, entre otros lamentables casos.
Y es que, a pesar de que el tráfico de fauna silvestre es un delito ambiental en Colombia que puede acarrear multas de hasta 3.600 millones de pesos (un millón de dólares) y penas privativas de la libertad por hasta nueve años, los delincuentes hacen caso omiso a la ley.
Por ello, afirmó Sandoval, «lo cierto es que el tráfico de fauna no solamente es un delito sino un acto de crueldad atroz por la forma en la que las especies son capturadas y tratadas, y porque probablemente nunca van a poder volver a sus hogares y con ello dejan de reproducirse y se pone en riesgo la tan admirada biodiversidad de Colombia»
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