Las amenazas a los líderes sociales en Colombia no paran. La más reciente víctima es Ludirlena Pérez Carvajal, actual ganadora del Premio Cafam de la Mujer por su trabajo como defensora de las sobrevivientes de violencia sexual en el conflicto armado del país suramericano.
«Solicito al Gobierno Nacional medidas que salvaguarden, protejan la vida y honra de líderes y lideresas y defensores de derechos humanos del país»
Esta mujer de 33 años considera que las amenazas, que no sabe de dónde provienen, están relacionadas con el trabajo que realiza documentando casos de violencia sexual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que 983 líderes sociales están «amenazados de muerte» en el país. Además, casi el 50 % las víctimas son mujeres.
Entre las cifras dadas a conocer por la Defensoría destaca que entre marzo de 2018 y mayo de 2019 unas 480 lideresas sociales o defensoras de derechos humanos fueron agredidas.
«Básicamente no quiero especular las razones de las amenazas pero creo que es en particular porque la defensa de los derechos causa estupor en muchas personas»
La defensora de derechos humanos ha recibido amenazas desde hace tiempo a través de panfletos, llamadas telefónicas y mensaje de texto, las que se acentuaron en los últimos días en donde también le dicen que «van a matar» a sus padres e hijos.
Recuerda que ella es sobreviviente del conflicto armado y que fue víctima de violencia sexual, tortura, empalamiento, secuestro y desplazamiento forzado.
«Lo que yo no quiero es salir de mi territorio dejando tirados procesos y mujeres que han depositado en mi su voz y voto de confianza»
En «Gestionando Paz», añade Pérez, lo que se busca es «empoderar a la mujer que ha sido víctima de la violencia sexual y que pueda exigir sus derechos y que también tenga la posibilidad de denunciar a sus agresores en todas las instancias a que haya lugar».
Insistió en que si bien tiene un esquema de seguridad que consta de dos escoltas, chaleco antibalas y un auto «estas amenazas no deberían existir».
La Fiscalía General de Colombia entregó a la JEP en agosto del año pasado un estudio sobre la violencia de género y sexual cometida por miembros de la antigua guerrilla de las FARC y agentes del Estado en el conflicto armado, que incluye más de 1.080 investigaciones con 1.246 víctimas.
De otro lado, en junio pasado, la Red nacional de mujeres defensoras entregó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y a la Corte Constitucional de Colombia seis informes sobre violencia contra mujeres indígenas, afrodescendientes, exiliadas y defensoras de derechos humanos.
Los documentos recogen información entregada por casi 600 mujeres y fueron realizados con asesoría de la Corporación Sisma Mujer y el apoyo de ONU Mujeres, la embajada de Suecia y la Unión Europea (UE), informó la JEP, que forma parte del SIVJRNR.
La semana pasada decenas de miles de personas salieron a las calles de toda Colombia en un clamor de rechazo a los asesinatos de líderes sociales, que representan las nuevas dinámicas del conflicto armado y que tienen en el punto de mira a quienes alzan la voz por sus comunidades.
Las marchas, que se replicaron en decenas de ciudades del país y del mundo, fueron convocadas por el movimiento «Defendamos la paz» y tuvieron una voluntad de alejar las ideologías con el fin de unir a todo el pueblo colombiano bajo una sola voz.
La Defensoría del Pueblo cifró en 462 el número de líderes sociales asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el pasado 28 de febrero, aunque otras organizaciones elevan la cifra hasta más de 700.
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