Nunca se había hablado tanto de Salento como sucede desde junio de este año, cuando los medios de comunicación se encargaron de contarle a Colombia que el Tribunal Administrativo del Quindío había invalidado un acuerdo con el que el Concejo de Salento pretendía defender sus bosques de la minería de metales y piedras preciosas.
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Salento lleva alrededor de 20 años en la mira de multinacionales mineras que ya lograron radicar solicitudes de explotación en el territorio. Con el acuerdo, los concejales pretendían construir una barrera ante dichos intereses económicos para que no pudieran seguir avanzando. O, al menos, para que tardaran un poco más.
Según el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, el acuerdo fue invalidado porque se trataba de un recurso ilegal: “En octubre del año pasado, la Corte Constitucional estableció que los concejos municipales ya no tienen esas facultades porque el subsuelo le pertenece a la Nación. A mí ni siquiera me informaron: ese acuerdo llegó a la Oficina Jurídica y siguió al Tribunal Administrativo para su revisión”, explica el dirigente de los quindianos.
PUBLIMETRO pudo conocer el documento que la Gobernación del Quindío le envió al Tribunal Administrativo del departamento, firmado por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Jurídica y apoderado del gobernador, Víctor Alfonso Vélez. En discordancia con lo que expresó Osorio Buriticá, el escrito sí contenía una solicitud expresa de invalidación del acuerdo municipal.
En uno de los 11 folios radicados el 11 de abril se lee lo siguiente: “Por las razones expuestas, solicito con todo respeto a los Honorables Magistrados declarar la invalidez del Acuerdo No. 001 del 27 de febrero de 2019 «POR EL CUAL SE DICTAN UNAS MEDIDAS PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SALENTO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES», respecto del acto administrativo expedido por el Honorable Concejo Municipal de Salento, Quindío”.
Entre los salentinos permanece la sensación de que el acuerdo fue invalidado por la solicitud que hizo la Gobernación. El gobernador y su gabinete argumentan que el Concejo de Salento estaba adelantando acciones para las que no tenía facultades con base en los lineamientos de la Corte Constitucional.
¿Quién tiene la razón? La concejala Orfa Liliana Correa explica que el cabildo local sí posee la facultad para establecer dicho acuerdo: “La gobernación se basó en la sentencia que dice que los concejos no pueden disponer del subsuelo, pero existe otra ley que permite hacer acuerdos municipales si hay amenazas latentes sobre el territorio. Tal vez nos faltó más comunicación. Ni siquiera enviaron el documento al Tribunal para revisión sino que la solicitud fue que lo declararan inválido”, explica Correa.
Colombia, la gran mina
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, en 2017 se entregaron 54 títulos mineros en Colombia, cada uno con una vigencia de 30 años. En 2013, año del segundo informe más reciente publicado por la institución, se entregaron 657 títulos mineros. En 2012, la cifra fue 708. Del suelo colombiano se extraen 312 tipos de minerales clasificados en materiales de construcción, carbón, metales preciosos, calizas, minerales industriales, piedras preciosas y otros metales.
Un informe de la Fundación Ecológica Cosmos, basado en datos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), muestra que entre los años 2000 y 2010 se tramitaron 17.479 solicitudes mineras en Colombia y se entregaron 7274 títulos que abarcaron 5,8 millones de hectáreas. Esta superficie equivale a 33 veces el tamaño de Bogotá.
«Si permitimos que un solo proyecto de gran minería se consolide en la región, podemos olvidarnos del mundo que hemos creado aquí»: Néstor Ocampo, director de la Fundación Ecológica Cosmos.
“Las zonas mineras en Colombia se caracterizan por ser las más pobres, las más violentas, en las que hay mayor degradación ambiental y social, y mayor destrucción de la naturaleza. No hay excepciones. Nadie quiere eso para su territorio. Si permitimos que un solo proyecto de gran minería se consolide en la región, podemos olvidarnos del mundo que hemos creado aquí”, dice Néstor Ocampo, director de la Fundación Ecológica Cosmos.
En 2018, el país alcanzó un récord en el recaudo de regalías mineras, es decir, las contraprestaciones económicas que los titulares de concesiones mineras deben pagarle al Estado por permitirles la explotación de los recursos. Se recaudaron $2,5 billones, lo que representó un aumento del 20% con relación al año anterior.
“El 33% del territorio de Salento está comprometido en actividades de minería. El 17% ya está concesionado y el resto va en proceso”, advierte la concejala Correa.
El fin del paraíso
En la década de los 80, Salento y otros municipios del Quindío empezaron a dejar a un lado su vocación agrícola debido a la caída de los acuerdos internacionales que favorecían los precios del café colombiano. Los gobernantes, entonces, vieron en el turismo una gran alternativa para impulsar la economía de la región.
Años más tarde, lugares que siempre habían estado en el anonimato empezaron a convertirse en atractivos de talla mundial: el Valle del Cocora con sus imponentes palmas de cera, las palmas más altas del mundo y que solamente nacen en Colombia; las calles de Salento, llenas de casitas de colores y una variada oferta de artesanías, y el mirador Altos de la Cruz, donde los turistas se asoman para ver un paisaje que no tiene límites.
“A finales de 2007, por casualidad, me di cuenta de que el 61,8% del Quindío estaba comprometido en proyectos de gran minería. Busqué información de Catastro Minero y la crucé con un mapa de Google Earth. En ese momento había 133 contratos en trámite y 98 ya otorgados, de los cuales 80 eran para multinacionales. Ni siquiera el gobernador de ese momento lo sabía”, cuenta el director de la Fundación Ecológica Cosmos.
Si la minería a gran escala llega a Salento, bastará menos de una década para que este pueblo sea un recuerdo. Las palmas de cera, árbol nacional, quedarán solamente en el billete de $100.000, que quizá tenga otro diseño para esa época. Las callecitas coloridas y el mirador podrán conservarse, como mucho, en las fotos de los turistas que alcanzaron a visitar este paraíso. Hasta las multinacionales papeleras y aguacateras, que hoy poseen más del 10% de Salento, terminarían desplazadas porque el suelo ya no sería fuente de vida para sus plantaciones.
“La gente viene a Salento a estar en paz y a descansar. Con la megaminería, lo primero que vamos a ver es un desplazamiento de nuestros campesinos, que tendrán que vender sus tierras porque el Estado se las puede expropiar”, advierte la concejala Orfa Correa.
¿Y la protección?
En 2011, la Unesco declaró al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio de la Humanidad. De dicho paisaje hacen parte 858 veredas de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca cuyos habitantes han establecido relaciones especiales con el territorio alrededor de la producción de café. Los lugares que alcanzan este reconocimiento deben gozar de una mayor protección por parte de sus gobiernos, según advierte la Unesco. Por eso, entre otras cosas, no pueden permitir la minería a gran escala.
“Cuando el Gobierno Nacional acepta que el Paisaje Cultural Cafetero sea Patrimonio Mundial, se compromete a no desarrollar megaminería en el territorio. La gente siente la amenaza, pero tenemos un tratado internacional que no se puede incumplir porque eso es demandable”, explica el gobernador del Quindío.
Sin embargo, la superficie de Salento que fue incluida en el Paisaje Cultural Cafetero por parte del Ministerio de Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros corresponde únicamente a tres de sus 17 veredas: San Juan de Carolina como área principal y Palogrande y Llanogrande como área de amortiguamiento, es decir, sitios de protección que rodean el área principal. Juntas ocupan 3327 hectáreas, el 9% de la extensión del municipio.
Sebastián Rodríguez, expresidente de la Plataforma Municipal de Juventud de Salento y voluntario del Programa Nacional Vigía del Patrimonio Cultural, elaboró en 2016 un documento en el que explica que la superficie de Salento que pertenece al Paisaje Cultural Cafetero incluye ocho veredas. “La Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Cultura reconocen solo tres veredas, pero en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Salento se constata que son más. Esa es una discusión que he tenido con estas entidades”, explica Rodríguez.
A pesar de esta reinterpretación, el área protegida por el pacto internacional no alcanza a ser ni la décima parte del municipio. “Hay otra figura de conservación que es el Distrito Regional de Manejo Integrado, que abarca el 87% de Salento. Esta figura incluye leyes que nos protegen de actividades como la explotación minera. Pero más allá de la lucha contra la minería, nosotros luchamos por todo nuestro territorio”, añade el vigía del patrimonio cultural.
La ‘Re Evolución’
Cuando se hizo pública la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío sobre la invalidez del acuerdo para proteger a Salento de la gran minería, la preocupación llegó hasta un grupo de jóvenes salentinos que aprovecharon las bondades de Whatsapp para crear un grupo e invitar a sus amigos a una marcha que se realiza desde hace tres años en el Quindío bajo la consigna de defender el agua, la vida y el territorio.
Así nació Re Evolución Salento, un colectivo que hoy reúne a más de 200 personas y que propone desarrollar actividades para fomentar el sentido de pertenencia en el municipio. En las reuniones semanales es posible encontrar jóvenes de colegios y universidades, que reparten el tiempo entre sus deberes académicos y las iniciativas para seguir luchando por la defensa del territorio.
Estos nuevos activistas fueron los encargados de liderar la Marcha por la Vida, un evento que el pasado 6 de julio reunió alrededor de 2000 personas que recorrieron las calles de Salento, con música y arengas, para recordar que la megaminería no es bienvenida en ese pueblo.
“No solo nos queremos enfocar en el tema de la minería, sino buscar soluciones a otras problemáticas como el turismo descontrolado y los monocultivos de pinos y aguacates. Llevamos muy poco con este proyecto, pero ya sentimos el apoyo de mucha gente”, cuenta Sebastián Araque, uno de los líderes de Re Evolución Salento.
Juan Diego Rodríguez, otro de los jóvenes que han iniciado el activismo ambiental, dice que uno de los principales problemas de Salento “es que la gente mantiene muy desinformada y no le interesa saber qué sucede. Queremos motivar a todas estas personas para que hagan algo, que se ‘pongan la camiseta’ y actuemos”.
Esta semana, algunos integrantes del grupo se encontrarán en Bogotá con otros colectivos ambientales del país para hacer un plantón en la Plaza de Bolívar mientras concejales de Salento interponen una tutela ante el Consejo de Estado para que le otorgue validez al acuerdo municipal.
“No queremos que se sigan creando nuevos pactos, como lo ha hecho la Gobernación del Quindío. Queremos que el gobernador le pida disculpas al municipio por no haber defendido el territorio. Esto hizo parte de sus promesas de campaña. Debería disculparse y mostrar su compromiso mediante un acto jurídico”, dice Matías Malamut, líder de Re Evolución Salento.
“Seguimos con una defensa férrea del territorio”: Carlos Eduardo Osorio, gobernador del Quindío
Una de las molestias de los salentinos es que la Gobernación le hubiera pedido al Tribunal Administrativo que invalidara el acuerdo, ¿fue así?
Es totalmente falso. Uno al Tribunal nunca le manda cartas de recomendación porque eso es ilegal. Nunca mando una carta diciendo “ay, vea, ayúdeme, porfis”.
¿Por qué no apeló la decisión del Tribunal?
Qué voy a apelar si el Concejo no tiene la facultad para hacer esos acuerdos… Es como si dijeran que el embarazo es de ocho meses ahora.
Con el tema de la megaminería, ¿Salento está en peligro?
Hay un pacto internacional que lo protege. No está en peligro. Aquí no cabe la megaminería y seguimos con una defensa férrea del territorio. Ese es el pensamiento de todo el pueblo.
Si no hay peligro, ¿para qué siguen en esa lucha?
Lo que hacemos es ratificar, subrayar y remarcar que no queremos megaminería.
¿En este momento hay concesiones mineras en el Valle del Cocora?
No tengo conocimiento de que haya alguna específicamente.
¿Están en proceso?
No conozco porque yo no trabajo en megaminería. Lo que puedo decir es que, una vez enterados de algo así, procederemos porque este es un país de derecho. Si nos toca, asistiremos a los tribunales internacionales por la defensa del territorio.
Hay gente que no está de acuerdo con seguir firmando pactos simbólicos sino que quiere acciones jurídicas…
Ahí ha habido un interés de personas que tienen alguna posibilidad política, entonces le están ‘echando candela’ a eso y dicen que el agua está envenenada, etc. Son pseudocientíficos, aprovechan dos libros que se han leído para decir algo sin peso científico. No existe una gobernación que le haya invertido tanta plata a la preparación para el cambio climático como lo hemos hecho nosotros, proporcionalmente hablando a los recursos. Acabamos de aprobar $14.800 millones por regalías para este fin.
¿Ese dinero se está usando para reemplazar terrenos de ganadería por el cultivo de aguacate Hass?
Bueno, los científicos definen qué se puede dar en cada lugar. Es un trabajo con los campesinos y la gente de la comunidad.
Activistas de Salento quieren que usted le ofrezca disculpas al municipio y que implemente acciones verificables para protegerlo…
No voy a ofrecer disculpas, no tengo por qué disculparme. ¿Por qué me voy a disculpar por hacer lo que tengo que hacer? Si yo incumplo, me meten a la cárcel. Hay un malentendido. Lo que sí está claro es que no queremos megaminería.
¿Qué les dice a las multinacionales mineras que están detrás de Salento?
Que se olviden.
Si no existiera el pacto internacional del que habla, ¿cómo protegería el territorio?
A pedradas.
