La Procuraduría de Colombia (Ministerio Público) solicitó este jueves a la Cámara de Representantes que inicie el proceso para despojar de su escaño legislativo al exlíder de las FARC «Jesús Santrich» tras la orden de captura dictada en su contra por la Corte Suprema de Justicia.
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El proceso, denominado «silla vacía», es una figura legal que «imposibilita el reemplazo definitivo de miembros de corporaciones públicas contra quienes se profiera sentencia condenatoria» o «el reemplazo temporal en caso de emitirse orden de captura en su contra» como parte de procesos relacionados con narcotráfico, entre otros, recuerda la Procuraduría en su misiva.
Santrich es uno de los diez miembros de las FARC indicados por ese partido para ocupar un escaño legislativo, en este caso en la Cámara de Representantes, en virtud del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó este martes una orden de captura contra Seuxis Paucias Hernández, nombre de pila de «Santrich» y pidió a la Interpol activar la circular roja para su detención luego de que no se presentase a una indagatoria en un proceso de narcotráfico.
El alto tribunal «resolvió dictar orden de captura con fines de indagatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes».
En este sentido, la Procuraduría recordó que la sanción de la silla vacía «va dirigida tanto a quien corresponde» el escaño, en este caso Santrich, como «a los partidos y movimientos políticos», que en esta situación es el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en que se transformó esa antigua guerrilla.
El fundamento de la sanción se basa en «haber avalado o seleccionado a una persona a quien se le ha ordenado su detención» como parte de un proceso penal, puesto que «con dichos comportamientos se deslegitima la razón de ser, la naturaleza y fines de Estado».
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«De esta manera se impide que algún miembro de una corporación pública pueda ser reemplazado», recoge la carta de la Procuraduría.
Agrega que esa norma «genera a todas las corporaciones públicas, entre ellas el Congreso, la obligación y el deber, en aquellos casos en que se den los elementos fácticos de la figura de la silla vacía, de no permitir el reemplazo del congresista que sea sujeto de orden de captura».
El proceso contra Santrich y por el cual es pedido en extradición por EE.UU. es por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del 1 de diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC.
Sin embargo, en mayo pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió a Santrich la garantía de no extradición con el argumento de que las pruebas aportadas por Estados Unidos eran insuficientes y el caso pasó a la Corte Suprema que debe definir su situación.
No obstante, Santrich, que el 11 de junio de este año asumió como representante a la Cámara, dejó plantado a su esquema de seguridad el pasado 30 de junio durante una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar (norte), y se fue con rumbo «desconocido», según denunció el Gobierno.
El propio partido FARC aseguró el martes que está decepcionado y lastimado por Santrich luego de que dejara plantada a la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto, la Procuraduría detalló que hará una «vigilancia especial preventiva sobre le caso» y requirió al presidente de la Cámara «que se evalúe y adopte medidas necesarias tendientes a evitar que de manera contraria al ordenamiento jurídicos se pretenda un reemplazo en la curul» de Santrich.
