La Procuraduría abrió investigaciones contra tres generales del Ejército por supuestos actos de corrupción que tienen que ver con la exigencia de dinero para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información de los medios de comunicación.
«He decidido abrir tres investigaciones disciplinarias en el caso de los generales y altos oficiales del Ejército de Colombia«, dijo a periodistas el procurador general, Fernando Carrillo.
Las investigaciones preliminares son contra los generales Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército; Eduardo Quirón, del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, y Jorge Horacio Romero, del Comando de Apoyo de Acción Integral y excomandante de la Cuarta Brigada.
El Ministerio Público abrió las investigaciones para establecer la veracidad de las denuncias que hizo el fin de semana la revista Semana sobre la exigencia de dineros para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información.
Carrillo agregó que se han «decretado unas primeras pruebas y de aquí en adelante los señores generales involucrados tendrán el derecho de solicitar la versión previa».
El ente de control busca verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y «determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se pudieron cometer».
En esa dirección el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo en una declaración en la Casa de Nariño, que este martes el Gobierno anunciará decisiones administrativas frente a los casos de supuesta corrupción en el Ejército.
«Quiero ser claro, no seremos ni indulgentes ni temerarios, pero sí sumamente diligentes», dijo Botero al asegurar que «a la mayor brevedad posible» se conocerán decisiones administrativas y disciplinarias sobre las denuncias.
A propósito del tema, el comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, dijo este lunes que no conoció durante su desempeño como Inspector General de la institución las denuncias sobre corrupción contra varios oficiales.
Semana aseguró ayer que las denuncias de corrupción contra generales del Ejército colombiano que son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría han provocado una nueva persecución en las Fuerzas Armadas, como ya ocurrió en mayo pasado con quienes advirtieron del posible retorno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como «falsos positivos».
Semana señaló en un especial que lleva por título «Las ovejas negras del Ejército», que una de las investigaciones compromete al segundo comandante de la institución, general Adelmo Fajardo, cuyos subalternos contaron a los investigadores judiciales que debían darle dinero del presupuesto de la institución para sus gastos personales.
Fajardo estuvo en el ojo del huracán en 2014 cuando siendo comandante de la Décima Brigada se le acusó de prestarle un helicóptero al entonces procurador delegado para las Fuerzas Militares, Eduardo Campo Soto, para unas vacaciones familiares.
El otro caso es el del general Romero, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos (unos 310.000 dólares).
Esto ocurrió, según la publicación, cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado al parecer por medio de «maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo».
Romero, que actualmente es el jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, también «habría montado en la Cuarta Brigada» un esquema para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.
En el reportaje Semana indicó que cuatro militares le confirmaron que el jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), general Eduardo Quiroz, ofreció a sus hombres recompensas por información sobre quién filtra información del Ejército a la prensa.
Semana recordó que el propio general Martínez ha sido objeto de especulaciones por cuenta de una directriz, cuyos formatos publicó la revista, en los que los militares debían hacer una proyección para duplicar los resultados operacionales de su tropa.
Esta polémica comenzó en mayo pasado cuando el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo según el cual el Gobierno colombiano lleva a cabo «otra encarnación» de los «falsos positivos», crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.
Hasta el momento la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
El general Martínez sostuvo el pasado 21 de mayo que se cambiaría la directriz porque consideraba que hubo «mala interpretación» por parte de personas ajenas a la institución.
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