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El plan B de Duque para cambiar la JEP, a pesar de de haberla sancionado

El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó este jueves la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016 y que había objetado parcialmente en marzo de este año.

«A partir de esta decisión, la JEP cuenta con todos los instrumentos constitucionales y legales para aplicar criterios y concentrar así en el ejercicio de la acción penal con respecto a quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos del conflicto armado», indicó el tribunal en un comunicado.

Tras la firma de la Ley 1957 del 6 de junio de 2019 se pondrá en marcha la Ley Estatutaria que fija parámetros para la atención de las víctimas y la materialización de sus derechos, al tiempo que afianza la seguridad jurídica de 11.805 comparecientes que están sometidos a este modelo de justicia.

«Nos da tranquilidad que con la Ley Estatutaria se despeja el camino para que la JEP cuente con un marco normativo completo», reiteró hoy la presidenta del organismo, Patricia Linares.

Con la sanción de la Ley Estatutaria por parte de Duque se completa el marco normativo de la JEP, que está compuesto también por el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1922 de 2018.

Por la falta de la sanción presidencial, los magistrados de la JEP no podían tomar decisiones autónomas sobre las conductas de los comparecientes, tales como imponer penas que no implicaran cárcel.

El pasado 10 de marzo Duque objetó seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria por considerar que no garantizaban la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo de paz firmado con las FARC.

Sin embargo, el 29 de mayo la Corte Constitucional le ordenó al mandatario que firmara la ley debido a que sus objeciones fueron rechazadas por el Congreso un mes antes.

Este jueves finalmente Duque estampó su firma en el documento que también fue rubricado por los ministros de Defensa, Guillermo Botero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, así como por el encargado de la cartera de Justicia, Juan Francisco Espinosa, y los presidentes del Senado, Ernesto Macías, y la Cámara de representantes, Alejandro Chacón.

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