Los indígenas de Colombia extenderán la protesta que comenzaron el pasado 11 de marzo en el suroeste del país a buena parte del territorio de la nación andina y pidieron al presidente Iván Duque que cesen «las acciones de guerra» en su contra, anunciaron este miércoles los líderes nativos.
El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Arias, explicó en una rueda de prensa que la minga, como denominan a su protesta, se extenderá de «manera indefinida» hasta que el Gobierno colombiano «pase de las acciones de guerra a las acciones de voluntad política».
Los indígenas comenzaron su protesta el pasado 11 de marzo para exigir al Ejecutivo el cumplimiento de acuerdos firmados con gobiernos anteriores.
«Hemos optado por hacer concentraciones estratégicas en puntos claves del país. Además de la Panamericana, ya tenemos una gran congregación en la vía Cali – Buenaventura (suroeste), vamos a tener otra grande en el sur del Tolima y en la vía al Huila», informó Arias.
Asimismo, añadió que las movilizaciones tendrán otros puntos de concentración en el país como la carretera troncal del Caribe que une Montería, capital del departamento de Córdoba, con la región de Sucre.
Además, detalló que esperan tener una «presencia importante» en los también caribeños departamentos del Cesar y La Guajira y en la Orinoquía con unas manifestaciones que en ocasiones se han tornado violentas.
Durante las protestas murió el policía Boris Alexander Benítez Leclerc tras recibir un disparo en el cuello, mientras que siete agentes más han resultado heridos.
Para Arias, la responsabilidad de la violencia en las protestas en el departamento del Cauca (suroeste) recae sobre el presidente Duque y las autoridades colombianas.
«Estamos solicitando al señor presidente de la República (…) que explique porqué razón ha venido existiendo una presencia muy fuerte de tropas del Ejército, de personal del (Escuadrón móvil antidisturbios) ESMAD, de personal civil no identificado y sobrevuelos de helicópteros que ponen en riesgo la minga nacional», afirmó Arias.
El Gobierno colombiano ha denunciado en varias ocasiones que las protestas indígenas han sido infiltradas y que tienen fotografías que así lo demuestran.
Por su parte, la presidenta de la ONG Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Soraya Gutiérrez, también llamó al mandatario colombiano a que «se abstenga de continuar dando un tratamiento militar a las justas exigencias de las comunidades».
Sobre las nuevas movilizaciones a nivel nacional, Arias detalló que estas se llevarán a cabo por todos los indígenas que deseen unirse a las manifestaciones.
Arias consideró que el Gobierno ha puesto en marcha «estrategias para deslegitimar» su protesta.
Entre ellas, contó la explosión el pasado 21 de marzo en la que murieron ocho personas en un resguardo indígena del municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca (suroeste), que, según explicó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, «estaban manipulando unos explosivos».
«En la manipulación, sin tener los debidos conocimientos, simplemente lo explotaron», explicó el ministro y subrayó que la escena fue supuestamente alterada.
Un grupo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y de la Seccional de investigación criminal de la Policía (Sijin) llegó al lugar de la explosión pero inicialmente los indígenas no les permitieron el ingreso.
El consejero de la ONIC afirmó que la explicación oficial de lo ocurrido en el resguardo hace parte de «la estrategia histórica del Estado colombiano para señalar y estigmatizar la minga».
