Por petición de la Fiscalía, juez impuso detención domiciliaria a Rafael Martínez, alcalde Santa Marta, este jueves.
Un juez de control de garantías de Santa Marta definió la situación jurídica de seis de los investigados por estas presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obras de construcción y remodelación de cinco puestos de salud para la ciudad, los cuales fueron demolidos y no habrían sido levantados ni terminados en su totalidad durante el tiempo pactado para que entraran en funcionamiento.
#ATENCIÓN Detención domiciliaria para alcalde Santa Marta (#Magdalena), Rafael A.Martínez; exgerente Empresa Social del Estado (ESE), Edgardo Charris S.,y contratista Jesús E. Navarro B. Exalcalde Carlos Caicedo Omar, y otros 2 procesados seguirán vinculados a proceso en libertad pic.twitter.com/MoXb6nTqki
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 21, 2019
La diligencia judicial terminó 11 meses después de que la Fiscalía solicitó nueva audiencia de medida de aseguramiento contra los involucrados, y luego de dos suspensiones y cuatro aplazamientos por problemas de salud y renuncia de algunos abogados defensores.
De acuerdo con lo dispuesto por el juez, tres de los procesados deberán cumplir medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio, ellos son: Rafael Alejandro Martínez, alcalde de Santa Marta, Edgardo Charris Salcedo, exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) y Jesús Enrique Navarro Brito, contratista.
Otros tres vinculados a la investigación no recibieron medidas restrictivas de la libertad porque, a criterio del juez de garantías, actualmente no son funcionarios ni ostentan una posición que represente riesgo para las siguientes etapas judiciales.
Esta decisión recae sobre Carlos Caicedo Omar, alcalde de Santa Marta (2012–2015), Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) y Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor del contrato en cuestión.
Las seis personas investigadas por las supuestas irregularidades detectadas en la contratación de los puestos de salud de Santa Marta (Magdalena) fueron acusadas formalmente por la Fiscalía General de la Nación el 24 de agosto de 2018, como presuntos responsables de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Antecedentes
El material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía indican que, durante la alcaldía de Carlos Caicedo Omar (2012 – 2015), se habrían presentado irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de liquidación del contrato N° 004 de 2014, que contemplaba la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta, en los sectores Bastidas, La Paz, Mamatoco, Taganga y La Candelaria.
Las obras fueron pactadas por un valor inicial de 6.537 millones de pesos y quedaron inconclusos cuatro de centros médicos. Posteriormente, ya en el periodo del alcalde Rafael Alejandro Martínez, el distrito de Santa Marta suscribió el contrato N° 007 de 2016, que ascendió a 5 mil millones de pesos y tenía como propósito adecuar y terminar tres de los puestos de salud que quedaron pendientes en la anterior administración, en los sectores de Taganga, La Paz y La Candelaria.
En los dos contratos mencionados, además de incumplimientos en la ejecución, la Fiscalía advirtió un presunto peculado superior a los 4.000 millones de pesos.
