El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el conjunto de objeciones planteadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) no «hiere» esa jurisdicción ni «compromete» el acuerdo firmado con las FARC.
Martínez, que hace unas semanas había cuestionado varios puntos de la citada ley, leyó un comunicado en el que asegura tener la «profunda convicción» de que al tramitar las objeciones de Duque «no se compromete para nada la paz» ni «mucho menos» causa «una herida a la JEP».
Duque anunció que devolverá al Congreso la Ley Estatutaria de la JEP tras objetar seis de los 159 artículos de dicha norma por considerar que no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
La ley que reglamenta la JEP fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial.
Las objeciones propuestas por Duque buscan definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado; aclarar las competencias de la justicia ordinaria, inclusive en los casos de extradición, y garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, entre sus principales aspectos.
Para el fiscal, estas propuestas constituyen «una valiosa oportunidad para que, bajo el liderazgo del Jefe del Estado, los distintos sectores de la vida nacional procuren un consenso» acerca de la JEP.
Martínez insistió en que «es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos», como está previsto en la norma objetada.
Además, reiteró su crítica a que los exguerrilleros de las FARC «puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, manteniendo beneficios de la JEP, así sea con gradualidad».
Martínez mostró además su preocupación «acerca de que los delitos sexuales contra menores se beneficien del régimen de transición hacia la paz», uno de los puntos por los que reclamó el presidente.
Duque explicó que entre los puntos que enviará al Congreso con carácter de reforma constitucional del Acto Legislativo 01 de 2017, que creó disposiciones transitorias de la Carta Magna para la terminación del conflicto armado, está que se excluya de la justicia transicional los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
De ese modo, «dan lugar a una iniciativa de reforma constitucional, que se propone por los cauces de la institucionalidad democrática».
«Tampoco constituye un anatema que, en el marco de la arquitectura de las leyes estatutarias, el Ejecutivo pueda objetar un proyecto de ley después de su revisión constitucional», consideró.
Por todo ello, el fiscal consideró que «Colombia tiene que darse el derecho a contestar sosegadamente, por los canales que determina el orden constitucional, si son convenientes para la paz y para la política criminal del país» los artículos objetados por el presidente.
Según Martínez, se debe abrir el debate acerca de si es conveniente que «la reparación de las víctimas del conflicto armado quede a cargo exclusivamente del Estado y se excluya a los victimarios».
Esas preguntas considera que deben extenderse a temas como si es «conveniente que el Gobierno no pueda excluir de las listas de desmovilizados a personas a quienes se les compruebe que son narcotraficantes reconocidos» o que la Fiscalía suspenda «las diligencias judiciales para recabar pruebas frente a los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad».
Del mismo modo, espera que en el país se analice si es prudente que «las bases de la guerrilla que cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra se beneficien de impunidad y queden expuestos mañana a ser llamados a rendir cuentas por la justicia internacional», otro de los puntos que Duque quiere revisar.
