El número de víctimas de minas terrestres o artefactos explosivos similares se ha incrementado drásticamente este año en Colombia, superando hasta el pasado septiembre un centenar de casos, el doble que en 2017.
Así lo reveló Loren Persi Vicentic, experto de la Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres, una coalición de organizaciones que trabajan por esta causa y que hoy presentó en Ginebra su informe anual sobre el uso de minas, un tipo de arma prohibida por el derecho internacional.
«Colombia fue por muchos años uno de los países con la mayor cantidad de víctimas, pero en 2016 por primera vez fueron menos de cien y en 2007 se disminuyó a 56 casos, lo que fue un cambio muy positivo. Desgraciadamente en 2018 volvemos a ver un fuerte incremento de víctimas», declaró Persi a Efe.
Entre enero y septiembre pasados hubo en Colombia 12 personas muertas y 94 heridas por la explosión de minas antipersonales o dispositivos de similar impacto y, más preocupante aún, se revirtió la proporción entre víctimas militares y civiles, pasando éstas últimas a ser más numerosas.
El experto detalló que hubo 69 víctimas civiles en los primeros nueve meses de este año.
Esta tendencia había empezado a observarse el año pasado, cuando el 71 % de víctimas ya fueron civiles en un total de diez departamentos del país.
En ningún caso hubo evidencia del uso de minas por parte de entidades militares u otras vinculadas al Estado.
Persi señaló que la gran mayoría de incidentes fueron causados por artefactos explosivos improvisados que son activados por el contacto de una persona y que le pueden causar el mismo daño que una mina terrestre convencional.
«El acuerdo de paz con las FARC claramente tuvo un efecto positivo y por eso bajó tanto el número de víctimas, pero ahora vemos víctimas por usos relacionados con cultivos ilícitos y actividades criminales», explicó el experto, cuya organización fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2007.
Agregó que a los activistas contra las minas les preocupa que en el país latinoamericano se asuma «que la paz trae prosperidad y se dejen de lado las necesidades de las víctimas de minas».
Según el informe anual de la organización, en los últimos tres años se ha registrado a nivel mundial un aumento de víctimas, que el año pasado totalizaron 7.239 debido principalmente a situaciones de conflicto en países como Afganistán, Siria, Yemen y Libia.
De ellos, el 87 % son civiles y casi la mitad niños, que son los más vulnerables frente a restos explosivos de guerra que tocan sin medir el peligro.
Birmania fue el único caso conocido de fuerzas gubernamentales que usaron estas armas en el último año, principalmente en la región de Kachin, donde hay un prolongado conflicto contra un grupo rebelde.
Sin embargo, el informe pone en evidencia también varias buenas noticias, como el hecho de que el apoyo financiero al desminado alcanzó su récord histórico, tanto por contribuciones internacionales, como de los propios países que hacen esfuerzos para limpiar sus territorios contaminados por minas.
El 80 % de los fondos internacionales provinieron de Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, Noruega y Japón.
Lo que inquieta a la organización es que «al mismo tiempo vemos que la asistencia a las víctimas disminuye de forma constante en los últimos años y ha llegado a un mínimo histórico», señaló Marion Lodoo, editora de la sección del informe dedicada al financiamiento.
Las zonas más gravemente contaminadas por minas en el mundo (más de 100 kilómetros cuadrados) se encuentran en Angola y Chad en Africa; y Afganistán, Camboya y Tailandia, en Asia.
Figuran en Europa y Asia central, Croacia y Turquía; así como Irak, Yemen y el Sahara Occidental, en Oriente Medio y el norte de Africa.
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