El periodo comprendido entre enero y junio de este año es considerado como el tercero más violento desde el año 2010 en la región del Catatumbo.
Los problemas de orden público, el enfrentamiento entre actores de guerra como el Eln y el Epl, los paramilitares y el Estado, le han costado a varios municipios de Norte de Santander una oleada de violencia que se ha ido consumando en actos victimizantes y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Pese a una aparente calma que se vivió en años anteriores con la reducción mínima de los hechos violentos, ahora una nueva amenaza aparece para la región con el anuncio del Gobierno de Iván Duque de ampliar el pie de fuerza en la región, aunque en el gobierno anterior ya lo habían hecho. En la actualidad, el Catatumbo tiene 16.000 efectivos del Ejército y la Policía.
Entre los habitantes del Catatumbo hay zozobra porque han encontrado una relación directa entre el incremento de la Fuerza Pública y nuevas oleadas de violencia.
“En una zona con 12.000 militares y 4000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizas, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y cinco secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.
La posición del Gobierno de Duque es clara: más Ejército y Policía, para frenar el crecimiento desbordado de grupos guerrilleros y Grupos Armados Organizados (GAO), que se fortalecieron con el abandono de las Farc de los territorios y que se disputan las rutas de narcotráfico de una zona impenetrable para quien no conoce y rica para surtir efectos de control militar y poder para escabullirse entre las fronteras.
Entonces, ¿por qué a mayor pie de fuerza mayor violencia?
‘Catatumbo: la guerra sin tregua’, el informe que elaboró el Centro de Investigación de Educación Popular (Cinep), da cuenta del Catatumbo como una de las zonas con mayores problemas de violación de derechos humanos en lo que va corrido del año. La cifra de Norte de Santander asusta, porque tal y como lo menciona Cañizales, el Estado no tiene en abandono a la región del occidente del país. Por el contrario, la tiene muy vigilada.
Y así lo demuestra la base de datos del Cinep. Esta indica que, contrario a lo que ocurre en el resto del país, en el Catatumbo hay más número de víctimas que hechos victimizantes, lo que se traduce en acciones violentas que no generan víctimas, como bloqueo de vías, operativos militares, entre otros. Por eso se concluye que, debido a la presencia histórica de grupos insurgentes, la militarización del territorio solo incrementa la violencia.
Yesica Guerrero, miembro del Comité de integración social del Catatumbo (Cisca), aseguró que la petición de la sociedad civil es clara: fin negociado del conflicto.
“Queremos hacer un llamado a las insurgencias que están en enfrentamientos. Al Estado se le exige que contemple otras salidas y no la militarización. La exigencia es que la salida al conflicto sea dialogada y no militarizada, que trae zozobra y no es una estrategia avalada por la población civil”, afirmó Guerrero.
Hechos victimizantes en el Catatumbo
Entre enero y junio de 2018 se registraron más de 100 hechos violentos que afectaron a 89 personas. Según las denuncias, los responsables fueron del Eln, Epl, paramilitares y Fuerza Pública. Además de asesinatos, amenazas y atentados, otros de los hechos violentos cometidos son desplazamiento, confinamiento, campos minados, vías bloqueadas, combates y daños a bienes civiles.
Lo más preocupante es que en el primer semestre del 2018 se superó el promedio histórico de casos victimizantes, alcanzando ya la cifra registrada durante todo el 2017.
El Cinep vuelve a resaltar que las guerrillas y la Fuerza Pública comparten en el tiempo el mayor porcentaje de presunta responsabilidad en los casos presentados en el Catatumbo.
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