Después de llamar a más de 30 líderes de la exguerrilla de las Farc a responder por los secuestros cometidos durante el conflicto y de empezar un proceso por la violencia contra pueblos étnicos en la región Pacífica, la JEP ahora investigará a 1944 miembros de la fuerza pública que están involucrados en 2586 casos de falsos positivos y que han manifestado su intención de someterse a esta justicia.
La JEP priorizó esta investigación por “la vulnerabilidad de las víctimas, por gravedad y magnitud del fenómeno, por su extensión en el territorio nacional y por el número y representatividad de los presuntos responsables», dijo la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), Catalina Díaz.
Además, se tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llamó la atención de estos casos en el marco del examen preliminar que adelanta sobre la situación de nuestro país desde 2004.
Militares responsables
Los 1944 militares que serán investigados son los que comparecieron ante la JEP, por lo tanto, dicho organismo no descarta que aumente el número de comparecientes a medida que avance el proceso.
Estos miembros de la fuerza pública están acusados de cometer 2586 casos de falsos positivos. Sin embargo, en el informe que entregó la Fiscalía a la justicia especial para que avanzara en esta investigación se tiene identificado un total de 2248 víctimas entre 1988 y 2014.
Del total de militares que comparecieron ante la JEP, 1750 son miembros del Ejército Nacional. Uno de ellos es el general retirado Mario Montoya, comandante de esa institución entre 2006 y 2008, tiempo en el que se incrementaron los falsos positivos hasta alcanzar el 59,3% del total de la cifra que hoy entrega la Fiscalía.
Muertes ilegítimas
En el informe de la Fiscalía, denominado ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por agentes de Estado”, señalan que el 45% de las víctimas eran campesinos.
Pero hay otro dato curioso. En una primera etapa del “fenómeno” las víctimas eran pobladores de zonas rurales que eran señalados de estar relacionados con las guerrillas de las Farc o el Eln. Luego, en una segunda etapa, las víctimas fueron habitantes de zonas urbanas en condiciones de vulnerabilidad económica.
Aunque estos crímenes se cometieron en el marco del conflicto armado que vivió el país durante 53 años con las Farc, Imelda Daza, exmiembro del movimiento Voces de Paz y exfórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño, explicó a PUBLIMETRO que estas muertes no tienen relación con el conflicto. Pese a esto, se acordó incluirlas en el proceso de paz para que los militares pudieran beneficiarse de la jurisdicción especial.
“los delitos de los falsos positivos no se enmarcan estrictamente dentro del conflicto armado porque no fue en ejercicio de su actividad represiva contra la insurgencia que se cometieron los delitos. Fue una decisión personal de un grupo de militares para obtener más privilegios lo que los llevó a cometer esos crímenes”, manifestó.
Gracias a esta decisión de incluir los crímenes por los falsos positivos en el acuerdo de paz se podrá esclarecer uno de los capítulos más oscuros en la historia del país, por lo que se espera que en las próximas semanas la JEP llame a comparecer a los primeros involucrados.
