En lo que queda del barrio San Miguel, al noroccidente de Mocoa, la familia Erazo se las arregla cocinando afuera de su casa con una hornilla sobre el asfalto. Antes de la avalancha que sacudió la ciudad el 31 de marzo del 2017, la cocina quedaba al fondo de la vivienda. Pero hoy de ese lado solo hay escombros, tierra seca y ramas. El río de lodo que borró 17 barrios del municipio también se llevó una peluquería y una sala de videojuegos que funcionaban en la parte delantera de la construcción.
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Entre los Erazo hay una abuelita de 100 años y un par de adolescentes que todavía no terminan el colegio. Son una de las tantas familias que, ante las dificultades para encontrar empleo y reponerse de las pérdidas materiales que les ocasionó la avalancha, no han tenido más opción que regresar a vivir a lo que quedó de sus casas, como sea que hoy se encuentren: con muros cuarteados, vidrios rotos, puertas torcidas y arrumes de escombros en cualquier parte.
Aunque saben que los ríos que rodean la población pueden volver a desbordarse y que no hay muros de contención que los protejan, quienes se acomodan en los cascarones de sus antiguas casas duermen con el consuelo de hacerlo bajo el trozo de techo propio que les quedó después de todo. Ni en el barrio San Miguel ni en los que le siguen cuesta arriba hay servicio de luz porque la avalancha tumbó los postes y las redes de energía. Algunos vecinos logran prender bombillos con conexiones caseras; los que no alcanzan a conseguirse una pipa de gas, cocinan en el andén.
El alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, dice que según un censo son 126 familias las que permanecen en la zona considerada de alto riesgo. Sin embargo, asegura que muchas de estas son arrendatarias o están ahí para cuidar las viviendas de los dueños que no se atreven a regresar. Por eso la Alcaldía va a emprender demoliciones por manzanas enteras con el fin de que la zona despejada sea cada vez más grande.
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A los vecinos que se rehúsan a desocupar las casas, funcionarios del municipio les han explicado el riesgo de seguir viviendo tan cerca del río. Saben que si se quedan ahí pueden perder el subsidio de arrendamiento y salir del Registro Único de Damnificados, listado que reúne a las personas aptas para recibir una vivienda de interés prioritario. Aunque tal vez sería más fácil mover al río de su cauce: mientras no se puedan mudar a esa nueva casa, dicen que no desalojarán.
Como compromiso del Gobierno Nacional, los dueños de las viviendas averiadas por la avalancha reciben un subsidio que ronda los $250 mil mensuales, desembolsado cada tres meses y vigente hasta la asignación de una vivienda en el proyecto habitacional Los Sauces. Según la Presidencia de la República, durante el primer año entregaron $10.200 millones en subsidios de arrendamiento.
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Además, cada mes reciben una caja de mercado que el alcalde describe como “muy generosa”, pero que en voz de los damnificados “rinde muy poco”: seis kilos de arroz, un kilo de azúcar, una libra de sal, lentejas, fríjoles, harina de maíz, panela, chocolate, atún, leche, café y otros alimentos de un mercado básico que debe estirarse 30 días en familias de cuatro, cinco y hasta seis personas, con niños y adultos mayores.
Marycruz, una de las integrantes de la familia Erazo, cuenta que duró tres meses viviendo con unos familiares y ocho pagando arriendo, pero regresó a su casa semidestruida porque el dinero no le alcanzaba: “Es muy difícil vivir con el subsidio, sobre todo para los que tenemos deudas en el banco”. Antes de la avalancha, ella sacaba adelante a sus dos hijos con la ayuda de su esposo y una tienda de abarrotes que quedó bajo el lodo.
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A Marycruz y a los demás deudores damnificados, algunos bancos les dieron seis meses de gracia. Pero ese tiempo pasó y las deudas los acosan: “En la familia nos acostumbramos a levantar los negocios a punta de créditos. Ahora no tenemos cómo responder. Con los $250.000 del subsidio pago la cuota en uno de los bancos. La del otro banco es cinco veces mayor”.
Hace dos semanas, cuando se acercaba el primer aniversario de la avalancha, fueron seleccionadas las primeras 100 personas que recibirán su vivienda en la urbanización Los Sauces I. Según el cronograma en el que se basa la reconstrucción de Mocoa, otras 200 deberán ser entregadas en mayo. Quedarían pendientes 909 en el área urbana y otras 252 en la zona rural, anunciadas para finales del 2019.
Lejos de la zona de riesgo, los primeros reubicados se han quejado del tamaño de las casas porque les parecen muy pequeñas. Mientras tanto, entre algunos de los mocoanos que no han podido hacer realidad el sueño de volver a tener techo propio, la queja es que en la priorización de los beneficiarios hubo intereses deshonestos. Pese a todo, la gente sabe que el día llegará: los $96 mil millones necesarios para construir las 1361 viviendas que faltan ya están asegurados.
De los más de $37 mil millones que recibió Mocoa en aportes nacionales e internacionales, $27 mil millones fueron invertidos en la adquisición de los predios para las viviendas y la plaza de mercado, pavimentación de ocho vías, construcción de un megacolegio en Los Sauces y mejoramiento de otro, dotación de uniformes para estudiantes, dotación de un Centro de Desarrollo Infantil, estudios para obras de mitigación, asistencia humanitaria y construcción de vivienda para una comunidad indígena.
Las donaciones en especie llegaron por tantos caminos que no existe un consolidado. Es evidente, sin embargo, que mientras la recuperación no avance de manera integral, Mocoa seguirá necesitando más y más ayuda para levantarse de los escombros.
Los proyectos para la reconstrucción de Mocoa tienen un costo de $1,2 billones. Ya se empezaron a ejecutar y los recursos están asegurados sin importar el cambio de gobierno, de acuerdo con el ministro del Interior.
Vandalismo: de Mocoa a Ibagué
El subintendente Hernández es uno de los miembros de la Policía del Putumayo encargado de hacer recorridos por los barrios para alertar a la gente sobre una modalidad de robo que se hizo común después de la avalancha. Se trata de aquella en la que un supuesto sobrino llama a decir que está en poder de grupos armados o que lo descubrieron haciendo una actividad ilegal y que necesita dinero para quedar libre.
“La conocemos como ‘modalidad tío – tía’. En Mocoa se incrementó con el traslado de los presos a la cárcel Picaleña, en Ibagué. Creemos que allá vendieron información de la gente a los otros reclusos y por eso se han multiplicado las llamadas para extorsionar de esta manera. Ante cualquier sospecha, las posibles víctimas deben comunicarse a las líneas 123 o 165”, aclara el uniformado.
Una ciudad sin bomberos
Finalizado el mes de marzo del 2018, solo cuatro de los 13 municipios del Putumayo tienen convenios o contratos pactados con sus respectivos cuerpos de bomberos. Entre ellos no están ni Mocoa ni Villagarzón. Esta última es una de las ciudades que más migrantes mocoanos ha recibido después de la avalancha, lo que se debe a su cercanía con la capital del Putumayo: 20 minutos en carro o en moto.
Así lo confirma Javier Sevillano, bombero voluntario de Villagarzón, a quien le preocupa que se produzca otra emergencia: “El contrato se nos venció el 31 de diciembre y nadie ha dicho nada. Cuando ocurrió la avalancha, no estábamos preparados para esa emergencia y ahora menos. Con mejores equipos hubiéramos podido hacer un mejor trabajo”.
En el calendario del Gobierno, Mocoa deberá estar reconstruida en el 2022. Eso, si antes no ocurre otra tragedia que compruebe que a la naturaleza no hay nada que le impida continuar su camino. Será el trabajo de las futuras alcaldías el que garantice que las zonas destruidas no vuelvan a ser ocupadas. Por ahora, los 22.325 damnificados siguen esperando respuestas.
Todavía hay 76 personas desaparecidas, entre niños y adultos.
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