Existe una propuesta de cese al fuego entre el Gobierno y el Eln que iría hasta el 7 de agosto y que se podría ampliar si el presidente electo pacta un preacuerdo después de las elecciones.
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La idea, que actualmente están analizando las partes, fue presentada por Carlos Velandia, exmiembro de la dirección nacional del Eln y actual colaborador de los diálogos de paz.
Velandia reveló a PUBLIMETRO la hoja de ruta que planteó para que el quinto ciclo de conversaciones arranque y el proceso de paz que se adelanta en Quito pueda tener una continuidad en el siguiente Gobierno.
“Estamos a poco más de 160 días para que se termine el Gobierno de Santos y necesitamos que se garantice la continuidad del proceso de paz con el Eln”, manifestó.
Por eso diseñó una hoja de ruta que habla de un cese al fuego que iniciaría con un pausa de las hostilidades por parte de la guerrilla y las Fuerzas Militares y que luego daría paso a los acuerdos humanitarios.
El cronograma plantea la creación de dos submesas: en una se evaluaría y diseñaría el nuevo cese al fuego bilateral hasta el 7 de agosto próximo y la otra trabajaría en el diseño del proceso de participación de la sociedad.
Además, el preacuerdo de continuidad del cese al fuego que se pactaría con el presidente electo estaría acompañado por un acuerdo de un ‘proceso en transición’ que garantice los diálogos en el siguiente Gobierno.
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Velandia, que durante 10 años ha negociado con varios gobiernos la posibilidad de sentar en una mesa a los miembros del Eln para hablar de paz, cree que es urgente la instalación del quinto ciclo de diálogos para que continúe la desescalada del conflicto en el país.
Acuerdos humanitarios
La finalidad de un cese sería que la intensidad de la violencia bajara en el país. Por eso entre los acuerdos humanitarios de esta propuesta figuran la suspensión de los secuestros y “retención” de personas por motivos políticos ejecutados por la guerrilla. También suspender la siembra de minas y la fabricación de armas. Pero, a cambio, la Fuerza Pública suspendería la detención de guerrilleros que no sean sorprendidos en flagrancia y aumentaría la protección de los líderes sociales en las regiones.
Según Velandia, los negociadores tendrán que dar su visto bueno a esta propuesta en el menor tiempo posible para que los diálogos puedan continuar su curso.
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