Hace un año, para esta fecha, en Cartagena ya se había firmado la paz. También había ganado la opción del no en el plebiscito y el Gobierno se alistaba para refrendar el acuerdo en el Congreso con el argumento de que en el país se hacía imperativa una “paz estable y duradera”.
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Pero este último mes ha puesto esa frase en duda. Ni es estable, ni es duradera. Y eso ha quedado demostrado con los hechos violentos que se han registrado en las zonas más golpeadas por el conflicto en el país: en Chocó, en el Catatumbo, en Nariño.
Son esos hechos precisamente los que hacen pensar que Colombia no está en la era del posconflicto o, por lo menos, no es como nos lo pintaron.
“Lo primero que hay que aclarar es que el posconflicto sí existe”, dice el analista Jorge Restrepo, quien en cabeza del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) hace parte de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo de Paz con las Farc y realiza un monitoreo del cese al fuego con el Eln desde el 1 de octubre.
“Claro que existe, en el sentido en el que se acaba esa forma particular de violencia que es tan dañina y que es la que involucra en una confrontación permanente a la Fuerza Pública con un grupo guerrillero. Eso desapareció por completo, incluso desde antes de que se culminara el acuerdo de paz y se iniciara el cese al fuego bilateral”, indica Restrepo, para luego explicar que el posconflicto, el periodo que vive un Estado después de la culminación de un proceso de paz, no necesariamente es un buen tiempo, ya que empieza la transformación de la violencia.
“Tal vez hoy en día no estamos viendo la paz porque lo que estamos viendo es el surgimiento de nuevas disputas y la reorganización de disputas que ya existían entre los grupos de crimen organizando, incluyendo al Eln”, señala. Por otra parte, agrega el analista, hay un factor que empaña al posconflicto y es la visibilidad.
Cada caso se hace más visible en el posconflicto
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Según Restrepo, en este periodo cada caso tendrá mayor visibilidad debido a que la intensidad del conflicto ha bajado. Por ejemplo, en los incidentes relacionados con las minas antipersona y la munición sin explotar, hace cuatro años cobraban la vida de cerca de 500 personas por año. “Para este año creo que no vamos a alcanzar los 100 incidentes”, indica. “Entonces, es una reducción al 20%, a una quinta parte de lo que era antes, pero es una quinta parte mucho más visible, porque al desaparecer la violencia y el conflicto se hace más visible. Y esto es una herencia del conflicto”.
Lo que sucedió este mes en el país se debe, en parte, a lo que explica Restrepo. Pero también revela ese aspecto negativo del posconflicto que pone en alerta a las autoridades y que les indica que no se están haciendo las cosas bien y que la transformación de la violencia está cobrando vidas.
“En términos generales, uno no puede sostener que haya casos en los que se presente más violencia en el posconflicto que durante el conflicto. No solamente en el caso de Colombia, sino en todos los países en los que ha habido un proceso de paz. Pasó en Irlanda del Norte, en España, en Afganistán, El Salvador, Perú, Guatemala, Nicaragua. En ninguno de esos casos ha habido más violencia en el posconflicto que durante el conflicto”, concluyó.
Eln en Chocó
En el caso del accionar del Eln en Chocó, pese al cese al fuego declarado, el director del Cerac asegura que serán las autoridades las responsables de determinar quiénes son los responsables de los últimos hechos violentos que han ocurrido en el departamento, como el asesinato de un gobernador indígena y el secuestro de otro miembro de la comunidad, este último aún sin confirmar.
Esta es una zona de disputa entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo. “Es una zona con confrontación abierta por el dominio del Bajo y el Medio Baudó y por el dominio de algunas zonas por las que pasa la droga”, explica Restrepo, quien cree que la responsabilidad del secuestro y el asesinato pudo haber sido cualquiera de esos dos grupos. “Yo entiendo que las comunidades le atribuyen este hecho al Eln, pero a mi juicio deben ser las autoridades las que aclaren de quién es la responsabilidad”, afirmó.
¿Qué va a pasar con los cocaleros?
La estigmatización es lo que está matando a los cocaleros del país, quienes le han pedido al Gobierno de diferentes maneras que no los consideren delincuentes, ya que la siembra de coca fue su única opción para sobrevivir en medio del conflicto.
Y eso volvió a ocurrir esta semana, cuando el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, se declaró «aterrado» por los beneficios que contempla un proyecto de ley que cursa en el Congreso y que busca darle un trato penal diferenciado a los pequeños cultivadores de coca.
En una carta dirigida al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, Martínez señaló que «en momentos en que los narcocultivos constituyen una amenaza para la consolidación de la paz y, a su turno, contribuyen de manera importante a afectar la convivencia ciudadana, resulta relevante fortalecer los fundamentos de la política criminal del Estado en el empeño de la sociedad colombiana por derrotar el flagelo del narcotráfico».
Por fortuna, el presidente Juan Manuel Santos defendió el proyecto en un acto público y, aunque no mencionó al fiscal, sí dijo que «oponerse a esta ley es no darle la oportunidad, no solo a estos campesinos de encontrar una nueva vida legal, sino negarle la oportunidad a Colombia de encontrar, por primera vez, gracias al proceso de paz, una solución estructural y de largo plazo a los cultivos de hoja de coca en el país».
